La financiación de las catástrofes Adrián Simioni
La actividad militar es de alto riesgo. En todo el mundo. Lo saben quienes se dedican a ella. De hecho, desde que el pasado miércoles 15 el ARA San Juan mantuvo su última comunicación con la Armada, las fuerzas armadas de Estados Unidos reportaron la muerte de un soldado en un entrenamiento, la de un piloto al estrellarse un avión de entrenamiento en Texas y la de tres tripulantes de un total de 11 que no pudieron ser rescatados tras desplomarse al Pacífico un avión de carga de la Marina. Cinco muertes.
Sin embargo, todos tenemos la certeza de que la tragedia del San Juan está signada por algo más que el mero riesgo militar.
La impresión es que, sea lo que fuere que haya sucedido con el submarino, estamos otra vez confrontando con un pasado irresuelto. Con una historia que ha sido solamente un campo de batalla del discurso político (y que tal vez lo siga siendo). Y desde la cual se impusieron políticas públicas cortoplacistas, meramente tácticas, sin sentido estratégico alguno.
La degradación de las Fuerzas Armadas argentinas es tal que ni siquiera parece haber estadísticas, al menos abiertas y disponibles.
A duras penas, y a partir de informes parciales de entidades como el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría y reportes periodísticos, puede establecerse que desde 1986 a la fecha hubo como mínimo 252 muertes militares y civiles por tragedias que involucran a las fuerzas armadas y de seguridad.
Eso es más de una muerte por mes, producidas en un aparato militar minúsculo y prácticamente fuera de operación.
Una catástrofe continua que lleva ya 31 años. De hecho, los especialistas dicen que, por ejemplo, si las muertes en accidentes aéreos se redujeron es porque, entre las distintas fuerzas, desde 1986 ya se perdieron más de 78 aviones y helicópteros. Prácticamente, ya no quedan aeronaves y esa es la razón de que haya menos accidentes en los últimos años.
El presupuesto militar ha sido exiguo durante demasiado tiempo. En términos de producto interno bruto, es menos de un tercio del que tuvo durante la dictadura militar. Equivale a dos tercios del presupuesto militar brasileño y a menos de la mitad del chileno.
No se gasta demasiado en el aparato militar. Pero el problema es que, así, ese gasto sólo sirve para financiar catástrofes autoinfligidas y no para contar con Fuerzas Armadas. Extiende una agonía que no termina jamás, pero no a cambio de tener un sistema de defensa, sino a cambio de nada.
Para eso, sería mejor ahorrarse todo el dinero y blanquear que Argentina es una nación sin fuerzas militares.
La alternativa es definir de verdad, y sin prejuicios, qué va a hacer este país con sus Fuerzas Armadas. Para qué las quiere. Qué esfuerzo está dispuesta a hacer la sociedad para contar con ellas. Qué profesionalidad y servicio efectivo se le exigirá a cambio a la burocracia militar.
Si no, tarde o temprano volveremos a encontrarnos con las tragedias, con esta angustia insoportable, la esperanza que se apaga con las horas, el dolor inabarcable de las familias y la solitaria expectativa de un milagro.