Los “privilegios” de los jubilados
El Gobierno nacional decidió encarar uno de los temas más polémicos en la organización social a nivel global. Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la asistencia social forman cada vez más un núcleo de peso en la organización económica de cada país, debido a los recursos que se necesitan para asegurarles una subsistencia digna.
La extensión de las expectativas de vida, la mejora de los estándares de convivencia y los impedimentos físicos o económicos de miles de personas configuran un cuadro difícil de atender para las arcas públicas. De allí, la necesidad de acudir a mayores impuestos o al endeudamiento para sostener el esquema asistencial.
En la Argentina, existen distintos regímenes jubilatorios que, en algunos casos, constituyen privilegios actuales en relación con la edad de retiro, los beneficios económicos que se otorgan por determinadas tareas o la excepcionalidad fijada en ciertas provincias a reglas generales.
Es plausible que la administración de Mauricio Macri haya encarado este tema, que –en poco tiempo– provocará una difícil situación para la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En el gobierno anterior, los recursos de ese organismo fueron utilizados para financiar consumo, para el sostenimiento de empresas en crisis o bien para atender las necesidades del Tesoro nacional ante la imposibilidad de acceder al crédito externo.
Esas distorsiones deben ser corregidas. Quizá también, de modo paulatino, los privilegios de ciertos regímenes, como los de bancarios y de docentes, aunque deberán contemplarse situaciones en zonas desfavorables, entre otros elementos.
Sería justo que dentro de esas correcciones se incluyeran los beneficios excepcionales del personal de la Justicia, como así también los de la clase política, ya sea por sus funciones en el Poder Ejecutivo o en el Congreso de la Nación.
Lo que no puede considerarse como situación de privilegio es –en el corto plazo– el sistema de indexación de los haberes de los pasivos que cobran el mínimo. Dos de cada tres beneficiarios se hallan en esas condiciones. Una jubilación de 7.246,64 pesos, una pensión de 5.797,31 y la asignación universal por hijo (AUH) de 1.412 no pueden considerarse valores de privilegio, más aún con las necesidades de atención médica y de supervivencia que requieren las personas en esas situaciones.
El Gobierno nacional está obligado a encontrar una posición de equilibrio entre la necesaria corrección del déficit fiscal y la eliminación de los privilegios de ciertos sectores, que tendría que extenderse a los regímenes provinciales de jubilación.
La tarea oficial debe ser más profunda que la de un simple recorte sobre haberes insostenibles para una vida digna.