La lucha contra las drogas
El discurso oficialista presenta el eje de la lucha contra las drogas, a nivel nacional, como un aspecto positivo en la gestión de gobierno. Esta aseveración responde al incremento en las incautaciones de drogas registrado en los dos últimos años.
Hasta octubre de 2017, la cocaína incautada por las fuerzas nacionales superó las nueve toneladas: un nuevo récord. Respecto del estupefaciente de mayor circulación en Argentina –la marihuana–, lo decomisado alcanzaba las 90 toneladas.
Esta cantidad se eleva si se considera lo incautado por las fuerzas provinciales. En algunos casos, mejoró sus rendimientos en esta lucha. También aumentaron levemente las incautaciones de las drogas de diseño, aunque se observa desproporción entre lo que circula y lo que se decomisa.
La voluntad del Gobierno nacional de combatir este mal es contundente. Enfrenta a uno de los flagelos del que se aprovecha el narcotráfico: la corrupción. Para neutralizar esto, se requieren programas más profundos e integrales.
Pero asegurar que la lucha contra las drogas tiene un presente exitoso sobre la base de estadísticas constituye un error que afectará de modo negativo al futuro de la problemática.
Una de las principales causas del aumento de las incautaciones es el incremento de la circulación de drogas por territorio argentino. Si bien existe contracción a la lucha por parte de los organismos antidrogas, no se observan cambios significativos en el esquema de control del tráfico ilícito; es decir que las decisiones a nivel estratégico del Gobierno no se traducen en mecanismos efectivos a nivel táctico para enfrentar al mal, que, como se sabe, traía mucha ventaja respecto del control estatal.
Publicaciones creíbles dan cuenta del crecimiento del consumo de drogas por parte de los jóvenes en los principales escenarios del país. Córdoba es uno de ellos. Días pasados, el Gobierno provincial expuso la situación en un simposio organizado por el Observatorio de Prevención del Narcotráfico (Oprenar) en la Ciudad de las Artes de la ciudad de Córdoba.
Se destacó que su plan se basa en la utilización de la modalidad de seguridad preventiva “por cuadrante”, con la utilización protagónica de la Policía Barrial, fuerte apoyo de la Policía Antinarcóticos provincial, organismos especializados en la prevención de adicciones y la articulación en la lucha con las fuerzas federales, con presencia en la provincia.
El gobernador remarcó como condición indispensable disminuir la exclusión social para mejorar los resultados en el combate contra la inseguridad pública y contra el narcotráfico.
Córdoba es una de las cinco provincias que hasta el momento adhirió a la Ley de Desfederalización de la Lucha contra las Drogas y que, conforme con lo expresado, presenta una firme decisión de acompañamiento al esfuerzo del Gobierno nacional, por lo que se estima que la asignación de los fondos nacionales para este fin estaría próxima a arribar, ya que resulta indispensable para que el programa se torne eficaz.
Aun así, debemos ser conscientes de que el comercio minorista de drogas en la provincia creció mucho en el último tiempo, avalado en la cantidad de puntos de venta que existen, reforzados en alianzas con otros grupos delictivos.
El desafío estatal pasa por la habilidad para accionar contra los vendedores minoristas, la red de abastecimiento de materia prima, el control del lavado de los activos que generan estas empresas ilegales, y disminuir la vulnerabilidad social de la juventud.
No queda tiempo para experimentar nuevas fórmulas que resulten ineficaces. La sociedad sufre los efectos de las drogas y la inseguridad pública. La necesidad de mejorar en estos aspectos enseñó a los ciudadanos a distinguir a los dirigentes incapaces de los nuevos dirigentes que se presentan como esperanza, aunque ello constituya otra incógnita.