Mapuches: crece la tensión entre el Gobierno, el PJ y la Justicia
El jefe de los senadores peronistas reclamó que se le inicie juicio político porque “no sirve para nada”. Los familiares velaron a Rafael Nahuel, muerto el sábado en un enfrentamiento con prefectos.
BUENOS AIRES. El reclamo por tierras de la comunidad mapuche en el sur del país, con las muertes de los adherentes Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en el medio, generó ayer una fuerte tensión política entre el Gobierno, la Justicia y el peronismo.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, cargó contra el juez federal Gustavo Villanueva al expresar que “es muy grave el no haber podido asegurar las pruebas” de lo ocurrido en Villa Mascardi el sábado último, lugar donde fue muerto de un balazo Nahuel.
Peña se expresó así al salir de la reunión de Gabinete en la que el presidente Mauricio Macri respaldó a la ministra Patricia Bullrich y a las fuerzas de seguridad, hoy bajo la lupa de la oposición.
Villanueva no logró que los peritos ingresaran al predio tomado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, 35 kilómetros al sudoeste de Bariloche. Allí, ayer aborígenes desafiaron a los efectivos de la Policía Federal apostados a pocos metros.
Alejandro Nahuel y Graciela, los padres de Rafael, sepultaron ayer el cuerpo de su hijo tras velarlo en la casa de madera, de unos 25 metros cuadrados, en la que vivía el joven de 22 años. La familia pidió que “el prefecto asesino que le arrebató la vida, lo pague”.
“Hace poco que estaba en eso. Lo había llevado su tía Mariana. Él iba a ayudar nomás. Pero ser mapuche o no, no es para que te quiten la vida. No pueden matar a un joven por la tierra”, dijo el padre del fallecido por recibir el impacto de una bala que pertenecería a la Prefectura.
En medio de la tensión, el jefe del bloque del PJ-FPV en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó con dureza al Gobierno y le reclamó que impulse el juicio político contra Villanueva, porque “es titubeante y no sirve para nada”.
“Estamos perdidos con estos jueces”, sostuvo el senador al cuestionar que “tardan seis días para ingresar a un escenario y saber lo que ha pasado. No hacen valer la vigencia de la ley dentro del territorio nacional”.
Villanueva es quien había ordenado el operativo de desalojo de los territorios tomados por Lafken Winkul Mapu tras una denuncia presentada el 10 de noviembre y luego envió a la Prefectura a impedir que regrese la toma.
Pichetto le apuntó “al grupo violento y negacionista del Estado” denominado Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), el cual “no tiene nada que ver con el reclamo pacífico” de la comunidad –integrada por unas 50 mil personas– por tierras que consideran de sus antepasados.
El senador disparó en ese sentido contra el Poder Ejecutivo, porque “mira como espectador, como si esto estuviera ocurriendo en Medio Oriente”. Y advirtió que el tema se está agravando porque la RAM tiene conexiones con grupos similares de Chile.
El Obispado de Bariloche, a cargo de Juan José Chaparro, advirtió que la no respuesta al reclamo del pueblo mapuche también esconde “algún tipo de violencia institucional”. El religioso se puso al frente del diálogo político.
Jimena Pathsakis, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, es la representante del Gobierno en esa mesa, en la que la condición oficial fue que no participe la RAM.
También está Juan Grabois, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que integraba Nahuel. Y representantes de la Universidad de Río Negro, el defensor oficial provincial y el diputado Leonardo Grosso, del Movimiento Evita.
Tras el primer encuentro, Grabois interpretó que pasar de la confrontación a una mesa de diálogo es un “gran avance” y criticó al Gobierno por “la construcción del enemigo interno” que hizo “para justificar la militarización” de la zona. “Lo primero que queremos aclarar es que la RAM no existe”, aseguró.