Los aumentos indiscutidos que no tiene Ricardo
“El otro día fui a limpiarle el calefón a un cliente, al que voy a menudo. Cuando le dije que eran 400 pesos, me dijo que era muy caro, que la última vez le había cobrado 300. No quise discutir, porque esa última vez había sido hace más de un año, pero no le pude cobrar lo que vale mi trabajo. Y me pagó, de mala manera, 350 pesos”, cuenta Ricardo, un gasista y plomero de barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba. El ejemplo viene a cuento de la actualización mensual que, desde enero y por decisión propia, el Ejecutivo municipal ofreció a sus 11.150 empleados. “Ojalá yo tuviera los aumentos tan fáciles”, se queja.
El argumento de la gestión de Ramón Mestre es que la actualización mensual otorga previsibilidad a las cuentas públicas y que, al haber acordado un mix de índices de inflación, el gremio no tiene chances de ir por más.
Eso es parcialmente cierto. Primero, porque la previsibilidad de las cuentas públicas puede obtenerse igual con un solo aumento al año o con dos, como acuerda la mayoría de los gremios. Incluso, la cláusula gatillo que se estrenó este año opera en muchos casos como un reaseguro en caso de que la inflación desborde los presupuestos. Segundo, porque la historia demuestra que el Suoem siempre va por más.
Haber aceptado ajustar salarios a un índice objetivo es el mayor logro del municipio, porque le quita subjetividad a uno de los gremios más combativos de la provincia y que, hasta este año, venía logrando aumentos 30 por ciento superiores a la inflación de San Luis. Es un logro, pese a que sea un “mix” bastante peculiar: está integrado por la inflación que miden el Indec nacional y las direcciones de estadística de Córdoba, de Santa Fe, de San Luis y de la ciudad de Buenos Aires.
En 2017, Mestre ajustó salarios cada dos meses. Las autoridades alegan que, si hubieran usado la fórmula mensual, se hubiesen ahorrado 24 millones de pesos. Por eso se decidió el cambio para 2018. Sostienen que el mecanismo de ajuste semestral que paga la Provincia (un primer aumento, mayor, en febrero, y un segundo en julio) es más nocivo para las cuentas provinciales porque Schiaretti “paga inflación por adelantado”. El de 2017, por ejemplo, contempló un aumento del 12,5 por ciento en febrero y del siete por ciento en julio, más cláusula gatillo.
En febrero, la Provincia paga la suba de precios que se supone que habrá hasta junio, con lo cual asume un alto costo financiero por adelantarles a los empleados plata que no tiene todavía, ya que el “efecto inflación” se notará en la recaudación de los meses siguientes.
Eso es cierto a medias, porque en general los salarios vienen con puntos pendientes de inflación pasada.Tambiénesrealla posibilidad de pagar según la inflación/recaudación acumulada, como paga Anses: así, el extra que hoy el municipio dará a sus empleados podría invertirse en Lebac, por ejemplo, que rinden arriba del 22 por ciento.
Si dieran dos aumentos semestrales, sobre una pauta mensual de mil millones de pesos, el ahorro anual rondaría 300 millones de pesos: casi lo que cuesta el nudo de la plaza España.
Pero no. La concesión del aumento mensual a los municipales, más allá de la discusión financiera, ensancha la enorme brecha entre los privilegios que tienen los estatales y el resto del mundo laburante, como Ricardo.
Jornadas de seis horas de trabajo, vacaciones aseguradas, sueldos altos y estabilidad absoluta garantizada forman parte de la lista de beneficios de los que gozan los servidores públicos. Ni la reforma laboral y previsional que se discute en el Congreso los afecta.
Ahora, sin estar supeditado a algún objetivo de productividad, por ejemplo, acaban se sumar un privilegio más.