La Voz del Interior

Una política de tránsito que sólo apunta al bolsillo

- Virginia Guevara Editora de Ciudadanos

En muchos sectores de la ciudad de Córdoba hay señales bastante evidentes de que las calles no resisten más vehículos.

Pero la industria automotriz sostiene buena parte de la economía cordobesa y acceder al auto propio es una aspiración que va tendiendo a ser universal: desde los espacios de decisión del Estado, nadie dirá que la duplicació­n del parque vehicular en apenas una década generó un problema mayúsculo para Córdoba.

Lejos de las políticas restrictiv­as de tránsito que se observan en las ciudades europeas y de los costosos proyectos de movilidad que supone la inversión en transporte público para desalentar el uso del auto particular, en Córdoba el Estado se apresta, una vez más, a reforzar la política pública que mejor aplica: sumar costos a los ciudadanos, en este caso a los que insisten en tener un auto.

Dedicamos el Primer plano, así como la página 13 de hoy, a relevar la enorme variedad de aumentos vinculados al automóvil que regirán desde enero próximo por disposició­n de la Provincia y de la Municipali­dad de Córdoba.

Impuestos, peajes, inspección técnica vehicular, grabado de autopartes, derechos de inspección policial, emisión de licencias de conducir, acarreo de grúa y estadía de los vehículos en el corralón subirán casi todos por encima de

EL ESTADO SE APRESTA A REFORZAR LA POLÍTICA PÚBLICA QUE MEJOR APLICA: SUMAR COSTOS. LOS AUTOMOVILI­STAS, EL BLANCO MÓVIL.

la inflación. Y en lo que respecta a estacionam­iento en la vía pública capitalina y a multas –tanto de la Caminera como de los inspectore­s municipale­s–, las subas parecen imposibles de dimensiona­r: están atadas al precio de la nafta súper, que se volvió más inflamable de lo habitual desde la desregulac­ión de precios.

La apuesta de ambas jurisdicci­ones del Estado parece clara: los automovili­stas pagarán por muchas vías el costo de volver infernal el tránsito en Córdoba.

El resultado evidente es que muchas bocas –estatales o de privados que son concesiona­rios de servicios regulados– recaudarán mucho más. Pero la política de golpear el bolsillo no garantiza mejoras para el tránsito.

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