La sobrecarga de los municipios
El reciente Pacto Fiscal firmado entre el Gobierno nacional y 23 administraciones provinciales incluye el compromiso expreso de ambos niveles del Estado de reducir impuestos, en especial los llamados “distorsivos”. El acuerdo incluye la recomendación a los municipios de trabajar en la misma dirección.
Durante los últimos años, a la par del traspaso de servicios, como los de salud y los de educación, las administraciones municipales y comunales dispusieron nuevas cargas tributarias. Además de los impuestos sobre la propiedad inmueble y por la actividad comercial e industrial, incluyeron aportes para fondos específicos o para rentas generales que, por lo general, se cobran como una sobretasa sobre los servicios públicos.
De tal modo, municipalidades y comunas se aseguran una recaudación directa, pues los usuarios de electricidad, agua, gas natural y cloacas están obligados a pagar mensualmente el servicio para evitar cortes o recargos en sus facturas.
La práctica se generalizó en la mayor parte de los 427 municipios y comunas que conforman la geografía jurisdiccional de la provincia de Córdoba, aunque adquiere mayor peso relativo entre las 51 ciudades que poseen más de 10 mil habitantes.
La “creatividad impositiva” de jefes municipales o de comunas no excluye ningún rubro que pueda ser sujeto de una imposición. Lo más sorprendente es que en muchos casos se requieren aportes para sostener el cuartel de bomberos o el hospital provincial o el municipal, áreas que están alcanzadas por partidas específicas.
La Municipalidad de Córdoba es –en términos absolutos– la que mayores cargos impone en las boletas de electricidad, gas natural y agua potable. La recaudación prevista para 2018 alcanza los 721 millones de pesos, lo que puede parecer insignificante en cuanto al presupuesto total, estimado en casi 23 mil millones de pesos.
Sin embargo, aquel monto es elevado en cuanto a la recaudación propia, pues los cargos a través de los servicios prestados por Epec, Ecogas y Aguas Cordobesas suponen casi 28 por ciento de lo que el municipio recaudará por el tributo sobre los inmuebles y más del 11 por ciento sobre la contribución que cobra a comercios e industrias. Estos sectores reclamaron una reducción paulatina; de lo contrario, se ven obligados a trasladarlos a sus precios.
En definitiva, el ciudadano paga una sobretasa por el consumo de los servicios mencionados y realiza otro aporte indirecto a través de la compra de un producto.
La eficiencia y eficacia deberían ser incorporadas como parámetros por las administraciones municipales, cuyos jefes parecen estar más interesados en los proyectos políticos para 2019 que en aliviar la carga impositiva y ofrecer mejores servicios.