Cristina acusó a Macri de usar a la Justicia para perseguir a opositores
Luego del pedido de detención, la expresidenta criticó con dureza a Bonadio. Denunció que la causa es un “disparate jurídico” y que el Gobierno la usa como cortina de humo.
La expresidenta y ahora senadora Cristina Fernández de Kirchner acusó ayer a Mauricio Macri de liderar una organización para perseguir a la oposición. Además, definió como un “disparate jurídico” el fallo del juez federal Claudio Bonadio, “ejecutor en este caso de la partitura judicial” diseñada por “el director de orquesta”, el actual jefe de Estado.
También calificó de “inédito e increíble desvarío judicial” la resolución de Bonadio respecto del Memorándum firmado con Irán sobre la investigación del atentado a la Amia, y directamente señaló a Macri como “el máximo y el verdadero responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”.
Dejó abierta la posibilidad de denunciar el caso ante organismos internacionales, además de la segura apelación ante los tribunales locales. “Posiblemente”, dijo. Su abogado Alejandro Rúa confirmó luego que el hecho será denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al caer la tarde, dirigentes y militantes kirchneristas se movilizaron hacia la Plaza de Mayo. La convocatoria la hicieron organizaciones cercanas al kirchnerismo, pero también movimientos sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Movimiento Evita. El reclamo central fue el “cese de la persecución a la oposición”.
Conferencia
Cristina hizo estas definiciones en una conferencia de prensa realizada al promediar la tarde en oficinas del tercer piso del Congreso, que ocupa el bloque Frente para la Victoria-PJ en Diputados. Allí hizo una declaración de 18 minutos, ayudada por apuntes que tenía sobre la mesa, a la que siguieron 12 minutos de preguntas de los periodistas.
A sus lados estuvieron el jefe del bloque, Agustín Rossi, y el presidente nacional del PJ y viceprimero de Diputados, José Luis Gioja. También la acompañaron legisladores, intendentes y exfuncionarios kirchneristas. Sorprendió la presencia del senador justicialista chubutense, Mario Pais, que tiene un monobloque e integra el Consejo de la Magistratura.
La exjefa de Estado consideró su procesamiento, conocido en las primeras horas de ayer (su exsecretario de Legal y Técnica Carlos Zannini fue detenido en Río Gallegos alrededor de las 2 de la mañana), como “un intento de disciplinamiento” por parte del Gobierno nacional hacia el conjunto de la oposición y, en particular, hacia ella en su condición de líder del sector abiertamente opositor, a 72 horas de haber asumido como senadora bonaerense.
El Memorándum “no es judiciable porque fue un acto de política exterior”, argumentó la exmandataria, quien recordó que “mereció el tratamiento” del Congreso argentino. “Es una causa inventada sobre hechos que no existieron”, enfatizó. “Por eso, desde el punto de vista jurídico todo esto es un despropósito. No sólo violan el Estado de derecho, sino que buscan hacer daño personal y político a los opositores. No tiene nada que ver con la Justicia ni con la democracia. No hay causa, no hay delito; Bonadio lo sabe, el Gobierno lo sabe”, advirtió.
“Reacción serena”
Además, Cristina, en otra parte de su conferencia, llamó a una “reacción serena” y a “responder por la vía política a este increíble desvarío judicial”.
“Me quieren callada y con la espada de Damocles sobre mi cuello”, aseveró sobre el final de la conferencia. Antes había relacionado este momento del fallo de Bonadio –después de dos años en los que ella careció de fueros por no ser presidenta ni legisladora– con las circunstancias políticas del Gobierno: los cuestionamientos de algunos sectores a las reformas que están a votación del Congreso, en particular la previsional y la laboral.
Para Cristina, el Gobierno de Cambiemos tiene “un ánimo de persecución de la oposición inédito” desde el restablecimiento de la democracia en 1983. También consideró una “gran cortina de humo” el pedido de desafuero, que a su juicio busca “intimidar a la población y a la dirigencia político-sindical; tapar el hecho de que están fracasando las políticas económicas del Gobierno; provocar una reacción política que pudiera ser utilizada para alimentar este relato de enemigos internos y cosas peligrosas para el resto de los argentinos; y hacer que nuestra voz no esté en el Senado”.
Fuentes cercanas a Rossi, jefe del bloque FPV-PJ, revelaron haber recibido llamados de apoyo de la oposición. Entre ellas, las de los diputados Graciela Camaño y Felipe Solá, del massista Frente Renovador. Dirigentes y exfuncionarios investigados por la Justicia.
MILAGRO SALA. Dirigente social y exdiputada en el Parlasur. Detenida el 16 de enero de 2016. RICARDO JAIME. Fue secretario de Transporte en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Preso el 2 de febrero de 2016.
JOSÉ LÓPEZ. Secretario de Obras Públicas en los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner. Detenido el 14 de junio de 2016. CÉSAR MILANI. Jefe del Ejército en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En prisión desde el 17 de febrero de 2017. ROBERTO BARATTA. Secretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio De Vido. Encarcelado el 19 de octubre de 2017.
JULIO DE VIDO. Ministro de Planificación Federal, tanto en el gobierno de Néstor Kirchner como en el de Cristina. Fue desaforado y luego detenido, el 26 de octubre de 2017.
AMADO BOUDOU. Ministro de Economía y luego vicepresidente de la Nación con CFK. Está preso desde el 3 de noviembre de 2017. CARLOS ZANNINI. Exsecretario Legal y Técnico de los gobiernos de Néstor y Cristina. Está preso desde ayer.
HÉCTOR TIMERMAN. Excanciller de Cristina. En prisión domiciliaria desde ayer.
LUIS D’ELÍA. Subsecretario de Tierras para el Hábitat Social en el gobierno de Néstor Kirchner. JUAN PABLO SCHIAVI. Exsecretario de Transporte de Cristina, condenado por la tragedia de Once. Sigue en libertad.