Preocupa al Gobierno el alcance del fallo del juez
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, rechazó las acusaciones de Cristina Fernández y evitó opinar sobre la decisión de Bonadio. “Tenemos que acostumbrarnos a que todos somos iguales ante la ley”, afirmó el funcionario.
El impacto interno en el Gobierno nacional por el fallo del juez Claudio Bonadio, que solicitó ayer el desafuero de la senadora Cristina Fernández y le dictó la prisión preventiva, fue fuerte y se llevó toda la atención de la primera plana del Ejecutivo, que entró en alerta por las derivaciones políticas que podría tener el caso.
“Preocupa que la Justicia evolucione sin un criterio claro”, comentó a La Voz una fuente oficial. “No corresponde que opinemos de los fallos porque no interferimos en las decisiones judiciales. El Presidente viene siendo muy claro sobre eso”, resaltó el vocero, que también reconoció que “hay jueces que quieren congraciarse con los poderes de turno”.
Después de que por la mañana el presidente Mauricio Macri evitara en un acto referirse al tema, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, fue la única voz del Ejecutivo que marcó la postura del Gobierno.
Lo hizo después de la conferencia de prensa en la que Cristina Kirchner rechazó la determinación del juez y acusó a Macri de encabezar un proceso de persecución en contra de ella.
“Corresponde a la Justicia proseguir con el trámite normal de una investigación de este tipo. Obviamente es una situación que revierte una particularidad por el tipo de denuncia, por las acusaciones que se han hecho”, planteó el jefe de los ministros.
“El tema requiere una investigación muy bien hecha y obviamente un debido proceso de defensa para los acusados y esperamos que se pueda desarrollar en la normalidad, que requiere este tema institucional”, agregó Peña.
Respecto del proceso que se debe abrir en el senado después del pedido de Bonadio, el jefe de Gabinete expresó que “las autoridades del interbloque Cambiemos en el Senado han expresado que se desarrollará todo el trámite correspondiente con la prudencia y con la institucionalidad necesaria, no en términos partidarios, sino institucionales”.
Sus definiciones están alineadas con la postura del titular del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, quien dijo ayer que “no hay posibilidad de que el Senado se aboque ahora (al tratamiento de desafuero) porque estamos fuera del período ordinario” de sesiones.
Todos iguales
Después de haber encabezado una reunión con los principales referentes parlamentarios de Cambiemos, en la que se abordó la novedad del día, Peña aseguró: “Garantizando absolutamente el Estado de derecho y las libertades. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en un país en que todos somos iguales bajo la ley y curar la desconfianza con las instituciones”.
En el oficialismo, hubo voces que por lo bajo se mostraron contrarias a la decisión de detener a figuras del kirchnerismo y lo diferenciaron del caso Julio De Vido.
Por su parte, los referentes cordobeses con mayor llegada al Gobierno nacional prefirieron ayer mantener el bajo perfil, dejando como posición oficial los dichos de Peña, quien sintetizó el pensar de Macri.
Claudio Bonadio, el juez federal más cuestionado del país, acaba de pedir el desafuero y la prisión preventiva para Cristina Fernández de Kirchner, la principal referente de la oposición y actual senadora nacional.
Se la acusa del delito de traición a la patria por intentar aplicar un Memorándum de entendimiento con Irán, para que se le permita a la Justicia argentina tomar declaración indagatoria a los acusados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia).
Este intento, vale resaltarlo, fue la única decisión seria del Estado argentino para sacar del estancamiento total a esta causa tan relevante para todos los argentinos.
El Memorándum, que nunca logró aplicarse, fue votado por el Congreso nacional, por ende es una decisión política no judiciable.
Esta argumentación, la ausencia de delito y la inexistencia de cualquier tipo de pruebas, primaron para que dos instancias judiciales previas rechazaran la denuncia.
Sin embargo, el juez Bonadio no es un magistrado imparcial y toma decisiones políticas, no judiciales.
La imparcialidad de Bonadio ya fue judicialmente planteada por el fiscal Alberto Nisman, quien lo acusó de encubrimiento del atentado para proteger a Carlos Corach, el exfuncionario menemista.
En las últimas horas, Bonadio ha ordenado detenciones a opositores acusándolos de encubrir el atentado a la Amia. Sin la más mínima prueba y sobre la base de la denuncia del fiscal que lo acusaba a él de ser encubridor.
Parece una comedia, pero no lo es.
Bonadio actúa a favor de los intereses de sectores poderosos a quienes les interesa disciplinar a las voces opositoras a este Gobierno.
Se trata de un ataque a la democracia y al Estado de derecho.
Con esta persecución a quienes somos oposición al gobierno del presidente Mauricio Macri, pretenden levantar una cortina de humo para tapar la reacción de la sociedad frente a su programa regresivo de reformas sociales, políticas y laborales.
VAMOS A ESTUDIAR EL DESAFUERO CON SERIEDAD Y FIJAR UNA POSICIÓN NO PARTIDISTA SINO INSTITUCIONAL.
BONADIO ACTÚA A FAVOR DE LOS INTERESES DE SECTORES PODEROSOS, QUE BUSCAN DISCIPLINAR A LAS VOCES OPOSITORAS.