Reparar a un individuo o a toda la sociedad
Amediados de este año se modificó un articulado del Código Procesal Penal de la Provincia que permite la aplicación del “criterio de oportunidad” de la acción penal a partir de la reparación integral del perjuicio ocasionado a las víctimas.
En la semana judicial que pasó se conocieron en Córdoba dos casos en los que los jueces recurrieron, con suerte diversa, al inciso 6 del artículo 59 del Código Penal.
El juez del fuero Penal Económico Gustavo Hidalgo convalidó lo que había pedido el fiscal instructor para sobreseer a Marcelo Alejandro Sufe, imputado por defraudación por administración infiel. Estaba acusado por la denuncia de un socio de la firma Innovapack SA de apoderarse de 110 mil pesos que este había aportado para que se integrara al capital social.
El diferendo se zanjó cuando el imputado acordó ceder todas sus acciones al resto de los socios. A su vez, estos declararon que no tenían ningún reclamo hacia Sufe y que aprobaban su actuación como administrador.
El juez Hidalgo citó que no se daban los supuestos de exclusión de disponibilidad de la acción penal porque el acuerdo fue entre pares y no como producto de la desigualdad entre imputado y víctimas.
Además, señaló el magistrado que no se veía afectado el interés público.
Distinto fue el tratamiento que dio el fiscal de instrucción de la Unidad de Casos Complejos Enrique Gavier, quien rechazó el pedido de la defensa del empresario de la firma de bebidas Mosto S.A., Juan Marcelo Miola, en una imputación por evasión impositiva. La denuncia del secretario de Ingresos Públicos Heber Farfán se produjo luego de que se agotaron diversas instancias e intimaciones a la empresa agente de retención de tributos provinciales.
Si bien la decisión aún debe ser revisada por un juez de Control, Gavier sostiene que existe atipicidad en el reclamo porque debieron abonarse los tributos antes de que se iniciara el proceso de reclamo de Rentas.
Del análisis se desprende que el obligado no regularizó la deuda sino luego de que se produjo una inspección, observación o denuncia.
Pero, además, el fiscal indica que la reparación integral debe contemplar el interés público, porque no solamente se afecta el patrimonio del Estado, sino también su actividad dinámica.
Entre otros conceptos citados por el fiscal, se señala que no se puede habilitar esta vía de excepción a la persecución penal como una forma de “generar un nuevo grupo social, el de aquellos que pueden delinquir puesto que cuentan con capacidad económica suficiente para evitar una condena en caso de ser enjuiciados”.
Gavier entiende que si se siguiera ese criterio se estaría “discriminando al gran conjunto social de escasos recursos, generando nuevamente que el derecho penal sólo se aplique a los pobres y a delitos comunes, brindando un nuevo marco de impunidad para los ricos y poderosos”.
UN JUEZ AVALÓ UN ACUERDO ENTRE PARES. PERO UN FISCAL, EN OTRO CASO, DICE QUE PUEDE BENEFICIAR SÓLO A LOS RICOS.