Cristina quiere hacerse oír en los tribunales internacionales
La expresidenta acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La prisión preventiva que le dictó el juez Bonadio generó polémicas y movilizaciones.
La expresidenta Cristina Fernández ya trazó su estrategia de defensa contra lo que tanto ella como el kirchnerismo consideran una persecución política vía judicial. Decidió que se defenderá en los niveles internacional y nacional.
Por un lado, se presentará ante los tribunales internacionales para denunciar que es una perseguida política. En ese sentido, acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según anticipó su abogado Alejandro Rúa.
Por otro lado, si bien no apelará el procesamiento que le dictó el juez Claudio Bonadio –a quien calificaron de arbitrario–, sí habrá un planteo apelatorio respecto de la prisión preventiva.
Sin embargo, ese recurso será revisado por la Sala II de la Cámara Federal, integrada por Eduardo Farah y Martín Irurzun, quien es el magistrado que fijó el nuevo criterio para las prisiones preventivas a los funcionarios públicos, lo cual posibilitó, por ejemplo, que Julio De Vido fuera preso.
La senadora nacional y expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se defenderá por múltiples vías después de que el juez federal Claudio Bonadio la procesó por considerarla la líder de un entramado delictivo para beneficiar a los iraníes que perpetraron el ataque a la Amia. Con ese argumento, la acusó de traición a la patria y encubrimiento agravado y le dictó la presión preventiva, previo pedido de desafuero al Senado.
La líder de Unidad Ciudadana tiene previsto acudir a los tribunales internacionales para denunciar lo que caracterizó como un “plan de persecución política y judicial” en su contra.
Alejandro Rúa, uno de sus abogados, adelantó en las últimas horas que realizará una presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esa acción ya había sido anunciada en julio, cuando Bonadio, en el marco de la causa conocida como dólar futuro, le había inhibido a Cristina los bienes, le había congelado sus cuentas bancarias y le había embargado el contenido de las cajas de seguridad a su hija Florencia Kirchner.
“Lo veníamos analizando y ahora se concretó la afectación. En esta causa se cometieron muchas irregularidades que vamos a poner en conocimiento de los tribunales internacionales”, expresó el letrado que asiste a la exmandataria.
La estrategia defensiva, sin embargo, no incluye la apelación al procesamiento que le dictó el jueves Bonadio.
Cerca de la flamante senadora por Buenos Aires consideraron que eso servirá para que el proceso llegue a la instancia oral en un menor tiempo, lo que, de acuerdo con la defensa, “ayudará a demostrar que no busca entorpecer” la marcha de la Justicia.
“El procesamiento no lo vamos a apelar. No tenemos nada más que discutir con el juez Bonadio, que es un juez arbitrario; ni con la Cámara (Federal porteña), que creemos que va a confirmar la arbitrariedad”, comentó ayer Graciana Pañafort, otra de los profesionales que asiste a la expresidente, y confió que, por esas razones, “se resolvió acudir a organismos internacionales”.
En cambio, sí habrá un planteo apelatorio de la defensa respecto de la prisión preventiva dictada a Cristina Fernández.
“Violan el Estado de derecho y buscan provocar un daño personal y político a los opositores”, consideró la dos veces presidenta al defenderse en la conferencia de prensa que encabezó el jueves, tras conocerse el fallo de Bonadio.
Rúa habló en los mismos términos, para argumentar sobre el planteo que realizará la semana próxima: “La detención afecta sus derechos políticos y eso lo vamos a apelar”.
El escenario en ese sentido no es el más favorable para Cristina, si se considera que ese recurso será revisado por la Sala II de la Cámara Federal. Ese tribunal está integrado por Eduardo Farah y Martín Irurzun. Este último es el mismo camarista que ordenó la detención del exministro de Planificación Federal Julio De Vido por la causa de Río Turbio y Bonadio lo citó en el fallo contra la expresidenta y otros exfuncionarios.
El rol de ese magistrado fue clave: determinó un nuevo criterio para las prisiones preventivas que viene siendo la razón de que varios exfuncionarios K con causas por corrupción estén tras las rejas durante el proceso y sin necesidad de que haya una sentencia firme.
La “jurisprudencia Irurzun” fijó que haber sido funcionario público o tener cargo político puede hacer posible el entorpecimiento de la causa.
Prudencia
En el Gobierno y en el oficialismo parlamentario volvió a primar la prudencia al momento de opinar sobre el fallo de Bonadio.
“Nosotros no podemos emitir una opinión ligera sin antes conocer los elementos de prueba que tiene el juez, debemos ser serios institucionalmente y actuar en consecuencia”, consideró ayer senador formoseño Luis Naidenoff, que se mostró en línea con su par y presidente de la Cámara Alta, el macrista Federico Pinedo.
NO SE PUEDEN JUZGAR ACTOS DE GOBIERNO. ES COMPLICADO PARA LA DEMOCRACIA.
Héctor Daer, integrante del triunvirato que conduce a la CGT
UN ACTO DE ESTADO NO DEBE SER INVESTIGADO; UN ACTO DE GOBIERNO, CUANDO HAY INDICIOS DE DELITOS, SÍ.
Germán Moldes, fiscal