Nadie es intocable
Cristina Fernández fue procesada en la causa que investiga una eventual comisión de delitos en la firma del pacto con Irán. No es su primer procesamiento. Pero aquí se pide su prisión preventiva, para lo cual el Senado debiera quitarle sus fueros.
La expresidenta enfrenta varias y complejas causas judiciales: dólar futuro, Hotesur, Los Sauces, la “ruta del dinero k” y la cartelización de la obra pública en la Patagonia, entre otras.
Esta tiene su origen en la denuncia que realizó el fiscal Alberto Nisman cuatro días antes de morir, en 2015. En principio, el juez Daniel Rafecas entendió que no había evidencias de delito. Pero la Cámara de Casación correspondiente refutó sus argumentos. Entonces, el fiscal Pollicita investigó durante casi un año. Sobre esa base, el juez Bonadio dictó este procesamiento y la prisión preventiva.
Una regla fundamental del proceso judicial es que los imputados esperen el proceso en libertad, salvo que se sospeche que pueden fugarse o entorpecer la investigación. En los últimos meses, varios exfuncionarios kirchneristas fueron detenidos porque los jueces sostienen que, aunque hayan abandonado la función administrativa, conservan el poder suficiente como para amedrentar testigos o hacer desaparecer pruebas.
Por ejemplo, Bonadio habla de unos 250 mil documentos oficiales que aún falta analizar en detalle. Por supuesto, quiere que sean conservados.
Con todo, vale advertir que lo más probable es que el Senado rechace el pedido del juez. Esta sensible causa recién comienza. Las disposiciones serán apeladas una y otra vez. Lo que se pide hoy, mañana podría revertirse. ¿Cómo quedarían los senadores que votaren el desafuero de Cristina si, en unos pocos meses, una Cámara rechaza la prisión preventiva dictada por el juez? Por prudencia política, les conviene esperar.
Julio De Vido es el ejemplo contrario: el juez rechazó el pedido de prisión preventiva, pero la Cámara, al revisar su resolución, lo obligó a detenerlo. Entonces, Diputados votó su desafuero.
Fernández preferiría que sus pares la protegieran por ser víctima de una supuesta persecución política. Fue el argumento del kirchnerismo para despreciar la resolución judicial. Para ella, en Argentina no hay justicia porque el juez es un títere del Poder Ejecutivo, que necesita perseguirla y distraer a la población.
En paralelo, se amenaza con movilizaciones populares. “Cristina es del pueblo y no la toca nadie”, se ha cantado en una manifestación. En democracia, nadie es intocable. Cristina no es la excepción. La vigencia del Estado de derecho le garantiza que podrá esperar en libertad a que se dicte su condena o su absolución.