Fiscal cordobés con custodia por temor a venganza del clan Ale
Se trata de Carlos Gonella, quien en 2013 participó de los allanamientos a esta banda tucumana, hoy en juicio. Ahora se conoció que en aquel tiempo habrían estado a punto de atentar contra su vida.
JTP25 es la denominación con la que en el expediente se encubre la real identidad de un testigo reservado que ha puesto en jaque al llamado “clan Ale”, una presunta banda delictiva tucumana que durante años habría dominado el destino criminal de esta provincia.
Ahora, cuando se acerca el final del juicio que tiene a 11 personas sentadas en el banquillo de los acusados, comenzaron a trascender detalles del expediente, lo que llevó a que se revelara de manera pública una porción de la declaración de
JTP25.
Y, en esos dichos, hubo un dato que no pasó inadvertido para nadie: en noviembre de 2013, en plena investigación contra los Ale, se habría urdido un plan criminal para acabar con la vida del fiscal cordobés Carlos Gonella, quien en aquel tiempo estaba al frente de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) e intervino de manera directa, junto con un fiscal local, en una serie de operativos que comenzaron a sellar la suerte judicial de los Ale.
Desde que hace 15 días Infobae sacó a la luz que JTP25 contó cómo dos presuntos sicarios llegaron a la sede de los Tribunales de Tucumán con la orden de matar a Gonella, y que sólo abortaron la misión cuando otro miembro de la banda que ya estaba dentro de ese edificio les dijo que era mejor esperar otra oportunidad, se activó todo un aparato de seguridad en torno al fiscal cordobés, quien en abril de 2016 renunció a la Procelac en medio de un proceso en su contra y regresó a su cargo como fiscal en el Tribunal Oral Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba.
Hace casi dos semanas que la Policía Federal Argentina lo custodia luego de un pedido del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ante la revelación de aquel plan criminal, y atento a que el juicio está cerca de culminar, se entendió que era prudente proteger a Gonella, quien asume que en aquellos operativos de 2013 quedó muy expuesto ante los Ale, ya que participó de manera directa en los allanamientos.
“Según sus dichos (del testigo
JTP25), Adolfo Ángel Ale había ‘dado la orden para que mataran a Gonella’ encomendándole esa tarea a una persona de nombre Mariano, alias ‘Tuerto’ y a Carlos Ocampos, alias ‘Ututo’, quienes concurrieron con ese objetivo al edificio de Tribunales”. Esto quedó asentado en el expediente. Sin embargo, desde el Palacio Judicial de Tucumán, otro miembro de la banda los disuadió a último momento.
“El Ministerio Público Fiscal repudia los hechos por los que se ha pretendido afectar el desempeño del fiscal Carlos Gonella, respecto de quien la Procuración General de la Nación ha dispuesto las medidas necesarias para garantizar su seguridad”, se indicó a través de un comunicado.
En tanto, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal, que dirige Carlos Rívolo, también se mostró solidaria con Gonella: “Propiciamos que se garantice su seguridad y la de sus colaboradores de una forma profesional, conforme los protocolos internacionales en la materia a los que esta asociación ha adherido expresamente (declaración sobre los estándares mínimos relativos a la seguridad para los fiscales y sus familias, 2008 Helsinki, Finlandia)”.
Destino criminal
El llamado “clan Ale” fue denun- Los alegatos llegan a su final esta semana. El fallo, el 18.
Durante los alegatos, el fiscal Pablo Camuña y los abogados de la Unidad de Información Financiera (UFI) y de la Afip solicitaron durante los alegatos penas de entre 2 y 30 años para los 16 acusados y multas de hasta 300 millones de pesos. En tanto, los defensores de los hermanos Rubén y Ángel Ale criticaron la prueba de la acusación y reclamaron las absoluciones. Se espera que esta semana termine de alegar el resto de los abogados defensores, por lo que el fallo se conocería recién el lunes 18 de este mes.
ciado más de una vez de manera pública por la referente de la lucha contra la trata de personas Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón, “Marita”, de quien nada se sabe desde el 3 de abril de 2002. Sin embargo, en este juicio no se debate el secuestro de la joven.
A más de un año de haberse iniciado el juicio, se espera que el próximo lunes 18 se conozca la sentencia contra la banda.
En el banquillo de los acusados están sentados Rubén “la Chancha” Ale y su hermano Ángel “el Mono” Ale, además de otros 14 imputados: María Jesús Rivero (exmujer de “la Chancha”, absuelta en el juicio por la desaparición de “Marita”), Roberto Dilascio, Fabián González, María Florencia Cuño, Víctor Suárez, Julia Picone, Hernán Lazarte (policía), Valeria Bestán, José Lucero, Carlos “Ututo” Ocampos, César Manca, Enrique Chanampa, Sergio Parrado y Ernesto Cátulo.
La gama de delitos que se les atribuye es enorme: lavado de activos, asociación ilícita, evasión impositiva, presunta producción y comercialización de estupefacientes, cobro extorsivo de acreencias propias del grupo y de terceros ajenos a este y tenencia ilegítima de armas de fuego.
De acuerdo con la causa, el ramillete delictivo era variado: utilizaban para lavar dinero la remisería 5 Estrellas, que tuvo una flota de 700 autos y terminó por constituirse como una suerte de parapolicía; manejaban prostíbulos; defraudaban a través del club de fútbol San Martín, en el que “la Chancha” llegó a ser presidente; organizaron una timba clandestina y extorsionaban para cobrar a los acreedores; y también manejaban parte del negocio del narcotráfico tucumano.
En los operativos de 2013 se secuestraron 15 propiedades, 70 vehículos, 72 armas y un millón y medio de pesos en efectivo.
Durante los alegatos, el fiscal federal Pablo Camuña solicitó duras condenas y realizó un pedido que debió haber generado más que un dolor de estómago a los acusados: que todo lo secuestrado fuera a parar a las fuerzas de seguridad.