Cristina y la espada de Damocles
La democracia argentina cumple hoy 34 años, desde su restablecimiento en 1983. Llega a este aniversario marcada por un hecho sin antecedentes en la historia nacional, consecuencia de otro que, en los casi dos tercios últimos de este período, siempre estuvo presente y, más de una vez, de manera definitoria.
Nunca un juez había ordenado la detención de un expresidente por el cargo del supuesto delito de “traición a la patria”. Y, menos aún, a partir de una causa en la que el objeto de investigación del Poder Judicial es una decisión política del Poder Ejecutivo, en aparente ejercicio de sus facultades (el Memorándum con Irán), que había sido convalidada por el voto mayoritario del Poder Legislativo.
Tampoco se había sentado jurisprudencia semejante respecto del uso de la prisión preventiva, al menos en casos de presuntos delitos de exfuncionarios gubernamentales y dirigentes opositores.
En procura de hacer comprensible su postura de que no cabe la judicialización de una decisión política, Alberto Fernández, exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner – hoy cercano al exministro Florencio Randazzo e insospechado de empatizar con Cristina Fernández–, dijo que la resolución del juez federal Claudio Bonadio es como si Raúl Alfonsín hubiera sido procesado y con prisión preventiva por haber firmado las leyes de obediencia debida y punto final.
Con otros términos y desde otro lugar institucional, dijo lo mismo el juez federal Daniel Rafecas en su descargo ante el Consejo de la Magistratura que busca destituirlo. La principal acusación en su contra es la de haber desestimado la denuncia que había hecho contra la entonces presidenta Cristina Fernández el fiscal Alberto Nisman antes de morir. Denuncia que finalmente pasó a Bonadio.
Rafecas citó ante sus acusadores una sucesión de causas que cerró de inmediato por ausencia de prueba alguna para promover la investigación contra funcionarios y dirigentes del oficialismo, incluida la que contra Mauricio Macri impulsaron diputados kirchneristas en 2016 por la emisión de Lebac. Rafecas entendió que, en tanto decisión política gubernamental, no era judiciable.
La decisión de Bonadio
Claro que también hay quienes hacen notar que la causa que involucra a la expresidenta tiene otros ingredientes, ya que se trataba de un acuerdo con un aparente Estado agresor y en la que habría pruebas de intereses económicos involucrados.
Bonadio buscó en dos definiciones los fundamentos para convertir a Cristina Fernández en el primer expresidente argentino acusado de “traición a la patria”.
Esos fundamentos consisten en que no sólo el atentado contra la Amia, objeto de su investigación, sino también el que dos años antes, en 1992, voló la Embajada de Israel, y sobre el que la Corte aún debe una explicación, fueron “actos de guerra”. Y, en cuyo encubrimiento, a la expresidenta y a su gobierno les “prestó colaboración” el estadounidense Ronald Noble, entonces secretario general de Interpol.
La resolución de Bonadio supone un paso más en la aplicación de la llamada “doctrina (Martín) Irurzun”, presidente de la Cámara Federal porteña, que se estrenó con Julio De Vido y siguió con Amado Boudou. Y que esta semana fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia cuando avaló la detención, aunque fuera domiciliaria, de la dirigente social Milagro Sala, que hoy cumple 694 días presa con prisión preventiva.
“Naturalizada” por ser norma fáctica en los casos de delitos comunes, la prisión preventiva (o la privación de la libertad durante el proceso judicial) pasó ahora a aplicarse también en casos penales a políticos y funcionarios, lo que da pie a la denuncia de presunta persecución política.
El hombre clave
Puede o no que así lo entienda también Miguel Pichetto. El senador rionegrino votó en su momento el Memorándum con Irán. También sustentó con el caso de Carlos Menem el antecedente de que no avalará pedido alguno de desafuero contra la expresidenta hasta tanto haya una condena firme.
Así, Pichetto pasó a tener la llave mayor, más después de que la noche previa a conocerse la resolución contra Cristina, y con el apoyo de gobernadores y sindicalistas peronistas, lanzó su bloque Argentina Federal con 25 senadores; afuera quedó ella con sus ocho seguidores.
El Gobierno dejó trascender que no tiene apuro alguno para que el Senado trate el pedido de desafuero. El decreto presidencial de sesiones extraordinarias no lo incluyó, aunque este es un tema cuya decisión corresponde al Senado ante el pedido de la Justicia.
La prioridad del Ejecutivo es la aprobación de los proyectos de Presupuesto 2018 y de reformas; entre estas, la principal (la previsional), a la vez que la que más resistencia podría tener en Diputados desde la oposición peronista no kirchnerista.
La laboral, demorada por Pichetto por falta de consenso en la CGT, puede llegar a destrabarse: la negativa de los Moyano cambiaría a la luz de que el Gobierno (la Enacom) le prorrogó el jueves la licencia por un mes a OCA, la empresa de correo ligada al camionero, para que regularice su situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Tampoco Pichetto tiene apuro. Con su bloque, se convirtió no sólo en el portero de las decisiones del Gobierno, sino también en el mayor sostén de quien durante el último bienio fue su implacable adversaria, la expresidenta, crítica del papel de opositor componedor con la Rosada que jugó el rionegrino.
“Me quieren callada y con la espada de Damocles sobre mi cuello, pero no me van a callar”, dijo en la conferencia de prensa del jueves. No está dispuesta a que sea Pichetto quien la salve de ir a la cárcel, aunque sea él quien hoy pueda cortar la crin de caballo que sostiene esa espada.
NUNCA UN JUEZ HABÍA ORDENADO LA DETENCIÓN DE UN EXPRESIDENTE POR EL SUPUESTO DELITO DE “TRAICIÓN A LA PATRIA”.