Queja de empresarios por presión impositiva
La entidad que nuclea a los sectores productivos locales se presentó en las audiencias sobre los presupuestos 2018. Alentó a la Provincia a profundizar la aplicación del Consenso Fiscal y calificó como “descomunal” la política tributaria municipal.
El Grupo de Entidades Empresariales de Córdoba (G-6) se quejó, mediante un comunicado, de la “presión tributaria distorsiva” y apuntó sobre todo a la política de la Municipalidad de Córdoba en la materia. Según el G-6, esa presión atenta contra la competitividad.
Por primera vez, el Grupo de Entidades Empresarias de Córdoba (G-6) participó, con ponencias propias, en las audiencias públicas de los presupuestos de Provincia y de la Municipalidad.
Lo hizo quejándose de “la presión tributaria distorsiva que configura lo que se conoce como ‘costo Córdoba’” y advirtió de que “hay señales de Nación que la Provincia las recoge y exhibe en parte, pero la Municipalidad no”.
Las intervenciones tuvieron lugar el pasado jueves en las instancias participativas que establecen la Constitución provincial y la Carta Orgánica municipal, para la aprobación de las respectivas estimaciones de gastos y paquetes impositivos.
En la audiencia pública de Provincia, el texto del G-6 recalcó el carácter consensuado de criterios de Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara Argentina de la Construcción delegación Córdoba, la Federación Comercial y la Unión Industrial de Córdoba, y pidió que el Presupuesto 2018 respete el Consenso Fiscal suscrito por la provincia de Córdoba, junto con la mayoría de las provincias, con el Estado nacional el pasado 16 de noviembre.
¿IVA provincial?
La posición del núcleo empresarial reclamó la eliminación progresiva de Ingresos Brutos –que según el G-6 representa el 80 por ciento de los ingresos propios provinciales– y su sustitución por otros mecanismos de recaudación.
“Una vía para una sustitución exitosa de Ingresos Brutos podría ser la aplicación conjunta de un impuesto provincial neutral al consumo –por ejemplo, un impuesto a las ventas– o un incremento en la importancia relativa de los impuestos patrimoniales, como el Inmobiliario”, decía el texto del empresariado, leído en la Legislatura por Marcela Dávila, vocera del G-6.
Consultada por La Voz sobre la posibilidad de que el G-6 respalde la creación de un IVA provincial, Dávila explicó: “La entidad entiende que Ingresos Brutos grava todas las primeras partes del proceso productivo y que, entonces, existe un costo oculto que lo terminan pagando los consumidores porque va al precio. Una de las ideas que se estudian es proponer que el Estado blanquee la situa- ción y grave en el final de la cadena; es decir, en la comercialización. Esto tiene algunas diferencias con el proyecto de IVA que Provincia tiene y está frenado. Es materia de estudio”.
Finalmente, el G-6 optó por moderar los reclamos a la administración de Juan Schiaretti, indicando que si bien resultan “auspiciosas las señales en el sentido de morigerar las cargas tributarias”, queda pendiente “una discusión de fondo e integral de los tributos subnacionales”.
En relación con esas señales, el núcleo de empresarios se refirió a la eliminación de tratamientos diferenciales en la alícuota de Ingresos Brutos para aquellas industrias no radicadas en la provincia de Córdoba y que comercializan materia prima o mercancías en este territorio.
Carga municipal
La exposición del G-6 en la audiencia pública sobre el presupuesto municipal 2018, que tuvo lugar en el Concejo Deliberante, fue más crítica y requeriente.
“En disonancia con la tendencia de revisión tributaria que se acaba de firmar entre Nación y las provincias, no han habido cambios ni propuestas en lo referido a la Tasa de Comercio e Industria que aplica el municipio”, señaló el texto leído frente a los ediles y asistentes.
Cabe recordar que el paquete tributario que se aprobaría mañana incluye un aumento del 21,9 por ciento en la contribución que recae sobre la actividad económica, y que la actual administración tiene el mismo lineamiento político que el Gobierno nacional.
Por otra parte, el G-6 se quejó de las tasas que la Municipalidad aplica a algunos servicios provistos por terceros y que, según la organización, “restan competitividad e incrementan el costo de las actividades productivas y comerciales de la ciudad de Córdoba”.
Al respecto, mencionó que el inciso “f ” del referido Consenso Fiscal obliga a los municipios a derogar aquellos tributos especiales que recaen sobre tarifas de combustible, gas, electricidad y agua (conocidos como OIM).
El G-6 se refería, en concreto, al 10 por ciento que el municipio grava sobre el importe neto de las facturas de gas por redes, de energía eléctrica, de agua por redes y del valor del gas que se adquiere en boca de pozo al productor o comercializador.
El segmento más crítico a los cálculos que efectuó el equipo de Mestre llegó hacía el final de la exposición, ante la escucha atenta de una funcionaria de Economía de la Municipalidad. “Estas imposiciones presentes en la ordenanza vigente y que se manifiestan sin cambios –o cambios poco significativos– en el actual proyecto generan un descomunal aumento de costos, que hace que nuestros productos y servicios sean más caros y menos competitivos que aquellos que se producen fuera del ejido por el sólo hecho de estar radicados en la ciudad”, concluyó.