Inseguridad alimentaria
Casi un 25 por ciento de la fruta y la verdura que se comercializa en la ciudad de Córdoba es ilegal. Eso significa que no ingresa al Mercado de Abasto, único centro concentrador autorizado para la capital provincial. En consecuencia, carece de controles bromatológicos y elude la cuestión fiscal.
El dato es una estimación de la Asociación de Productores Hortícolas del Mercado de Abasto, que planteó su preocupación hace una semana a las autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Según datos del propio Mercado de Abasto cordobés, por año se comercializan allí unas 500 mil toneladas de frutas y verduras. Por lo tanto, serían unas 125 mil toneladas anuales las que circulan en el mercado paralelo, al margen de los controles estatales.
Con todo, el problema podría ser de mayor envergadura si se suman los otros dos mercados concentradores autorizados para el Gran Córdoba: el de camino a Villa Carlos Paz y el de Villa Allende.
En realidad, el problema abarca a todo el país. Entre los productores, se estima que, por mes, circulan por las rutas argentinas entre 40 mil y 50 mil camiones cargados con alimentos no controlados.
El tema no es menor y debe ser atacado por sus dos flancos. Por un lado, está la cuestión sanitaria. La ingesta de alimentos sin control bromatológico implica un gran riesgo para la población.
Senasa le reconoció a la Asociación de Productores el problema de la venta ilegal de frutas y verduras y aseguró que tiene en estudio un nuevo mecanismo para enfrentarlo de manera inteligente. Entraría en vigencia a comienzos del año próximo.
Por otro lado, está la cuestión fiscal. Toda economía informal elude el pago de impuestos.
Pero en casos como este no sólo se afecta al fisco, que entonces recauda menos, sino que se genera una competencia desleal con quien cumple con las normas y reglamentaciones.
Por supuesto, el Estado debe hacer, además, una tercera cosa: concientizar a la población a través de campañas públicas. Comprar alimentos en un semáforo, a la vera de una ruta o en comercios que no cuentan con las correspondientes autorizaciones le genera al consumidor un ahorro de dinero, pues paga menos que en otros sitios. Pero no puede ignorar que así pone en riesgo su salud.
La seguridad ciudadana no sólo debe pensarse en relación con los delitos violentos, sino también con estas otras cuestiones.
Los mercados concentradores de frutas y verduras nos dan seguridad sólo si el Estado puede decomisar los alimentos que los eluden.