La grieta también llegó al Tribunal Superior
Aunque los protagonistas se esfuerzan por tratar de minimizarla y el Poder Ejecutivo se hace el distraído, en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba hay una áspera interna. La motivación es política: la relación del alto cuerpo con el Gobierno provincial.
Prueba de que la grieta llegó al alto tribunal fue el inédito resultado de la votación que se realizó el martes pasado, cuando los seis miembros activos (Carlos García Alocco tiene licencia por enfermedad) debían elegir al presidente del cuerpo para el próximo año.
Fue un empate en tres. Desniveló a su favor la presidenta Aída Tarditti, quien tendrá un año más al frente del tribunal. Esta situación profundizó la grieta.
Detrás de ese empate inesperado, hay una historia para contar, pese a que algunos de los protagonistas evitan hablar del tema hasta en privado.
Las diferencias no son personales: son políticas. Los roces surgieron por la postura que el Tribunal Superior debe tener en la relación con el Poder Ejecutivo.
Los magistrados son sutiles a la hora de hablar de sus diferencias, pero los vocales que no votaron a Tarditti están convencidos de que deben mantener “cierta” distancia con el Centro Cívico.
Las diferencias de criterio en el Palacio de Justicia nunca llegarán a calificativos contundentes, más propios de los políticos. Pero la grieta en el Tribunal Superior existe y ya es inocultable.
Tres jueces (Sebastián López Peña, Luis Rubio y María Cáceres de Bollati) sostienen que el Poder Judicial debe tener “independencia financiera”. Impulsaban a Cáceres de Bollati para la presidencia del Tribunal.
El ala “dialoguista” con el Ejecutivo –en especial con el ministro de Justicia, Luis Angulo– es liderada por Tarditti, con el apoyo de Domingo Sesín y Mercedes Blanc de Arabel, quienes respaldaron la reelección de la presidenta.
Según fuentes judiciales, a la hora de inclinar la balanza a su favor Tarditti argumentó que no era momento para cambiar la conducción del cuerpo.
Dicen que no hubo reproches entre los jueces luego del empate. Pero algunos vocales no ocultan su sorpresa por la decisión de Tarditti de forzar su continuidad por un año como presidenta, cuando se suponía que Cáceres de Bollati era la indicada para ocupar el cargo, por ser la vocal con mayor antigüedad que aún no presidió el tribunal.
La división de aguas en el Tribunal Superior arrancó en otro estamento judicial: la fuerte disputa entre schiarettistas y delasotistas en la Fiscalía General de la Provincia.
La pulseada entre el fiscal adjunto José Gómez Demmel, cercano al Gobierno provincial, y su par Héctor David, exfuncionario delasotista, no demoró en extenderse al Tribunal Superior.
Luego de una denuncia de una fiscal por presunta presión de Gómez Demmel –que derivó en una causa judicial que abrió el fiscal Anticorrupción, Hugo Amayusco, quien lo acusó de abuso de autoridad–, el caso está en manos del juez de Control Gustavo Hidalgo.
Cuando este último era fiscal Anticorrupción, legisladores opositores lo acusaron de ser “oficialista”. Pero el jury no prosperó por los votos de los legisladores peronistas y de la propia Tarditti.
El Tribunal Superior le inició un sumario administrativo a Gómez Demmel. El proceso está demorado y esto también genera ruido entre los vocales.
Nadie se anima a pronosticar hasta dónde llegará la interna. Pero lo real y concreto es que la grieta llegó al Tribunal Superior de Justicia.