La Justicia duplicó su planta, pero no logró más velocidad
Pasó de tener 4.178 agentes en el año 2000 a 8.097 ahora, un 100 por ciento más. Mejoró el índice de empleados por causa, aunque cada juicio dura, en promedio, seis años.
El crecimiento del ciento por ciento de la nómina de agentes en 17 años no le permitió al Poder Judicial de Córdoba responder a la demanda de mayor celeridad que le plantea la sociedad.
A pesar de los 3.919 empleados que se sumaron desde 2000, hoy en Córdoba un juicio dura, en promedio, unos seis años, según detalló el propio gobernador Juan Schiaretti el jueves último, cuando presentó una serie de reformas para agili- zar la Justicia provincial.
Héctor Etchegaray, titular del Colegio de Abogados, aseguró que el presupuesto judicial “ha ido creciendo”, pero que “no se ha verificado efectivamente un mejor servicio de justicia”, y dijo que una de las principales causas es que hay pocas horas efectivas de trabajo.
Por su parte, Domingo Sesin, vocal del Tribunal Superior de Justicia, afirmó que los agentes trabajan “al máximo” y que “el nivel de productividad es excelente”.
Entre los años 2000 y 2017, el Poder Judicial de Córdoba incrementó 94 por ciento su planta de personal: pasó de 4.178 agentes a 8.097 en la actualidad, según datos de los aportantes al sistema jubilatorio provincial. La creación de cargos se aceleró en los últimos años, ya que entre 2000 y 2010 la planta creció 28 por ciento, pero subió 45 por ciento en los últimos siete.
Semejante salto los ubica arriba del podio de todos los sectores de la administración pública provincial, más incluso que el aumento de las fuerzas de seguridad, que en el mismo período crecieron 68 por ciento, y muy por encima del promedio de todos los aportantes del Ejecutivo y del Legislativo, que se incrementaron 52 por ciento.
El dato de contar con 3.919 agentes extras tiene dos componentes de relevancia. Primero, porque se trata de los empleados mejor pagos de la Provincia, con salarios promedio de 99.857 pesos brutos, cuan- do en el resto de la administración son de 25.097 pesos.
La casi duplicación del personal judicial significa para el Tesoro provincial un esfuerzo presupuestario mucho mayor que si ese salto se registrara en otras áreas. El 94 por ciento del presupuesto del Poder Judicial proviene de lo que le asigna el Ejecutivo y el seis por ciento, de la tasa de justicia que recauda la institución, que se destina a obras de infraestructura.
Pero el segundo dato es que semejante salto no se condice con la productividad del Poder Judicial, o lo que la sociedad espera de él. En 2007, por caso, existían 6,4 empleados por cada una de las 356.603 causas que ingresaron de todos los fueros. En 2016, esa ecuación mejoró a 3,7 empleados por causa ingresada al mes, pero el atraso es palpable.
El propio gobernador Juan Schiaretti reveló que la duración promedio de un juicio en la provincia es de seis años. Lo hizo el jueves pasado al presentar una serie de reformas tendientes a agilizar el proceso de justicia, que en febrero se discutirán en la Legislatura.
Quejas
“Estamos en un 52 por ciento de causas resueltas sobre las ingresadas y hay un presupuesto judicial que no tiene la actitud para solucionar los problemas, porque ha ido creciendo y no se ha verificado efectivamente un mejor servicio de justicia”, dice Héctor Etchegaray, titular del Colegio de Abogados de Córdoba. La entidad realizó una serie de indicadores sobre la actividad judicial en todos los fueros y advirtió el mayor atraso en el Laboral y en el Penal.
Los datos oficiales indican que el fuero Penal resolvió en 2016 apenas el 30 por ciento de las causas que ingresaron ese año; el Civil, el 57, y el Laboral, el 79. El promedio es del 48 por ciento. Así, el stock siempre se agiganta.
“Uno tendría que suponer que el crecimiento de empleados ha traído como consecuencia una justicia más rápida y más eficaz, y eso no se advierte”, dice Gustavo Vallespinos, uno de los juristas que participaron de la reforma del Código Civil, abogado y docente universitario. “No parece que se haya incrementado con ñoquis ni nada por el estilo. Son necesidades de un sistema que está virtualmente colapsado”, señala por su parte el abogado Daniel Pizarro, especialista en derecho privado y también miembro de la comisión que reformó el nuevo Código.
Por qué sucede
Si la duplicación de personal en 17 años no ha servido para que se reduzca la mora, ¿dónde está el problema? Para los entendidos en la materia, hay varios factores. Por un lado, hay un crecimiento exponencial de la litigiosidad, nuevas leyes que han demandado mayor especialización y más gente, falta de unificación de la jurisprudencia, ausencia de un sistema público que premie al juzgado que esté al día y castigue al que no, un Código Procesal, Civil y Comercial que permite eternizar las causas y, sobre todo, pocas horas efectivas de
trabajo.
Etchegaray señala la falta de infraestructura en algunos fueros y, sobre todo, de jueces. “Tenemos el mismo número de jueces de cámaras civiles y los conflictos han tenido una progresión geométrica y tenemos las mismas salas laborales que había en el ’91, porque puedo tener más empleados, pero el que sigue tomando las decisiones es el juez”, dice.
Tampoco, al entender de Vallespinos, funcionan los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación o los tribunales arbitrales que podrían encontrarse en la Bolsa de Comercio o en el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, y podrían resolver en una audiencia lo que en la Justicia lleva muchos meses. Pero el jurista va todavía más allá: “Estoy de acuerdo con la diversidad de pensamiento, pero si tengo cuatro cámaras que piensan de una manera distinta y tengo que llegar al TSJ para unificar ese criterio, el proceso llevará años”, explica. “Tiene que haber una jerarquía jurídica tal para la que se adopte un criterio justo, seguro y que traiga paz social”, señala.
“Es malo, favorece el litigio y permite eternizar las causas, hay que ir a un sistema de juicio oral o parcialmente escrito y los recursos extraordinarios tienen que ser replanteados, particularmente el efecto suspensivo con casación, porque el mayor cuello de botella se produce llegando al TSJ y no porque sean poco trabajadores, sino porque están colapsados”, sostiene.
Respuestas
Domingo Sesin, vocal del TSJ, afirma que se trabaja “al máximo” y que la productividad es excelente (ver páginas 6 y 7). También, hay algunas explicaciones en el número global, como tener incorporados el Ministerio Público y la Policía Judicial, que en otras provincias no existen o están por afuera. También es cierto que mucho personal se incorporó luego de la creación de leyes específicas, sobre todo en los fueros de Familia. “Muchas veces el Poder Legislativo pide leyes sin medir el impacto de personal que implican”, señala Rodolfo Dainotto, coordinador de Recursos Humanos del Poder Judicial. En otros casos, atribuyen el atraso al propio desinterés de las partes en mover la causa, como sucede en el fuero civil. “Si los abogados deciden no avanzar, no avanza”, dice César Bartolomei, subdirector de administración. Remarca que la participación del presupuesto judicial en el global baja desde hace dos años.
También señalan que mucho conflicto se resuelve vía mediación, lo que no se refleja en la estadística de resolución de causas. “De cada 10 casos en Familia, dos terminan en sentencia. El resto termina en un acuerdo homologado, que implica muchos recursos para resolver el problema”, dice Dainotto.