¿Más horas en actividad, menos feria o más gente?
A las 15.30, cuando esta cronista ingresó a Tribunales, se cruzó con apenas dos personas. Es que a las 13 todo se detiene en el Palacio de Justicia. Todo. La gran mayoría se retira a las 14 y algunos, de cargo más alto, a las 16. Queda una enorme estructura edilicia vacía, con gastos fijos altísimos y cientos de expedientes adentro sin resolver.
“Un gerente de Toyota es gerente de 8 a 24 y los abogados estamos en la misma situación; no hay que hablar de privilegios, pero sí de la necesidad de que haya una productividad acorde con los sueldos y con la jerarquía de los cargos que ostentan”, dispara Héctor Etchegaray, del Colegio de Abogados de Córdoba.
“Hay que trabajar más, como trabajamos todos más. La carestía de la vida se ha incrementado tanto y cada uno tiene que trabajar más”, dice el jurista Gustavo Vallespinos.
A nivel nacional, el ministro de Justicia, Germán Garavano, impulsa, dentro del marco de las reformas Justicia 20/20, la supresión de los 31 días de feria judicial de enero más los 15 de julio, por entender que 45 días anuales se asemejan a vacaciones de privilegio y que implican grandes interrupciones en la atención ciudadana.
Eso, por el momento, no se discute en Córdoba, aunque alguna nota tomó el Tribunal Superior de Justicia, porque dispuso que desde febrero se atenderá al público una hora más: de 13 a 14.
“Esta extensión horaria le carga 252 horas de atención al público a los tribunales, supera el tiempo de la feria judicial”, dice Etchegaray, quien no avala la supresión de la feria. Y explica por qué: “Hay 51 jueces en Córdoba. Muchos de ellos tienen vacaciones de mayor alcance de la feria. Entonces habrá 10 menos en octubre, 10 menos en noviembre, 10 menos en diciembre. Todos esos meses habrá una cuarta parte de la Justicia funcionando muy mal y será una mayor afectación de tiempo que el de la feria”.
“Reducir la feria judicial no alcanzaría si no hay un sistema o modalidad que evalúe la gestión del juez”, apunta Vallespinos, en referencia a la falta de un sistema de premios y castigos.
En los poderes Legislativo y Ejecutivo, a los principales cargos se accede por voto popular. Hay una mirada directa sobre la labor de muchos funcionarios. De los legisladores, por caso, se pueden conocer sus faltas y los proyectos presentados. De los jueces se sabe poco y nada. “No es necesario llegar al jury para echarlo, pero tendría que haber una sanción disciplinaria cuando el TSJ observa el atraso de un juzgado, que lo llame al orden y después lo aperciba”, dice Vallespinos.