Elevar el nivel del secundario
La reforma educativa cordobesa para el nivel secundario comenzará el año que viene y concluirá en 2019. Sus principales objetivos serían cuatro: combatir la repitencia y la deserción; asegurar el aprendizaje de al menos el 70 por ciento de los contenidos prioritarios de cada asignatura; propiciar el aprendizaje interdisciplinario, y capacitar a los docentes en las competencias requeridas para este nuevo contexto.
Si bien se mira, son objetivos interconectados y determinados por la pobre situación del sistema. Casi la mitad de los chicos no termina el secundario. Y entre los que concluyen el ciclo, uno de cada dos no comprende lo que lee y dos de cada tres no pueden resolver un problema lógico-matemático.
También los docentes se han resistido de forma sistemática, con el apoyo de los gremios del sector, a cualquier evaluación de sus conocimientos y de sus capacidades pedagógicas.
En consecuencia, más de una vez, al abordar la realidad de nuestras escuelas, hemos sostenido desde estas páginas que el Estado debería decretar una “emergencia educativa”. Un encuadre excepcional que permitiera actuar de inmediato en varios frentes para contener la situación y para empezar a revertir las tendencias negativas.
Así las cosas, es una buena noticia que en Córdoba la reforma del secundario apunte a elevar el nivel y a contener a los estudiantes, al mismo tiempo. Si ya no se aprobarán las materias con 6, sino con 7, los docentes deberán hacer un seguimiento más personalizado de sus alumnos.
También deberán mejorar las estrategias con las cuales enseñan. Caso contrario, aumentará el número de reprobados. Por eso, en principio, se dará a los chicos la posibilidad de recuperar algunas evaluaciones, algo que existe en la vida universitaria. Pero eso no debe convertirse en un atajo hacia el facilismo.
Por ambos motivos, lo ideal sería que los docentes concentrasen su tarea en una o dos escuelas, en vez de ir de una institución a otra para completar su salario. Y, además, que no sólo cobrasen por la cantidad de horas que pasan en el aula frente a un curso: ningún docente se comprometerá en el seguimiento de una cierta cantidad de alumnos o en la organización de proyectos interdisciplinarios con otros colegas si no se les abona una suma determinada por el tiempo que inviertan en esas labores.
Restan definir con precisión algunos puntos clave: el programa de capacitación docente y lograr que los gremios acepten las evaluaciones de los profesores.
La sociedad toda, no sólo los gremialistas, debe entender que sin docentes competentes –bien pagos y bien seleccionados– no mejorará la calidad educativa de nuestras escuelas.