Aristas positivas que afloran de las reformas

La convulsionada aprobación de la reforma previsional, después de que en la Cámara de Diputados de la Nación y en los alrededores del Parlamento se vivió una jornada bochornosa, marcada por la intolerancia cívica e institucional, tiene un valor trascendente para la evolución democrática y el futuro del país. Aunque estemos desacostumbrados, cualquier gobierno que pretenda corregir enormes y graves desequilibrios económicos como los heredados no podrá hacerlo sin recuperar el orden y la autoridad en el arte de gobernar.

Con el resultado alcanzado en el Parlamento, el Gobierno fortaleció la gobernabilidad.

Lo trascendente es que se logró doblegar una acción muy peligrosa, orquestada y organizada por sectores de la oposición que, fieles a su estilo y antecedentes, además de utilizar una sensible causa como es el cambio del sistema de ajustes de los haberes de los jubilados, recurrieron lastimosamente a desestabilizadores. El mandato de violencia impartido perseguía frenar la sesión y debilitar al Gobierno, por encima de la justa causa, para lograr controlar las acciones judiciales en las que sus mandantes están involucrados.

Nadie puede estar a favor de afectar los ingresos de los sectores más vulnerables, como son los jubilados de menores ingresos. Lo cierto es que al Gobierno le costó explicar los alcances de la reforma y sus aristas positivas. El verdadero objetivo de la reforma era desacoplar un método de ajuste que era peligroso para el futuro equilibrio económico del sistema y que no guardaba relación con la inflación, método ahora propuesto y que resguarda hacia el futuro el poder adquisitivo de los jubilados. El perjuicio que se producía para el primer trimestre fue resuelto con un bono compensatorio. Ello demuestra la manipulación política que se realizó del tema, persiguiendo los objetivos comentados.

Sin embargo, quedaron pendientes aspectos que fueron postergados por su complicación y que hubieran entorpecido políticamente esta primera resolución legislativa. Estos deberían ser abordados lo antes posible, por una cuestión de justicia y para encontrar un definitivo equilibrio en el sistema previsional.

Se trata de someter a un análisis las jubilaciones de aquellas personas que, sin hacer los aportes, recibieron una jubilación injustificada, de acuerdo con su situación económica claramente demostrable con la información disponible en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Entre 2005 y 2015, la cantidad de jubilados subió de tres millones a 7,5 millones, y la mayoría fueron casos como los mencionados.

Otra situación que la sociedad percibe como desproporcionada e injusta es la referida a las jubilaciones de privilegio. Algunos casos –como cargos públicos fugaces o situaciones claramente exageradas en la Nación o en las provincias– deben ser morigerados. El país no está en condiciones de asumir excesos que perjudican al resto de la sociedad. Los derechos adquiridos que se interponen para inmovilizar cualquier acción deben ser sorteados políticamente.

Pero lo importante y trascendente es que con este resultado legislativo quedó allanado el camino para continuar también con las reformas laboral y tributaria, que son complementarias y están concatenadas. Ambas también buscan resolver los déficits y desequilibrios que hacen inviable al país.

Veamos. La reducción de las cargas sociales sin afectar las remuneraciones, incluida en la reforma laboral propuesta, lograría regularizar gran parte del 30 por ciento de los trabajadores informales. De tal modo, nuevos aportantes se incorporarían al sistema y contribuirían a su saneamiento.

Otro tanto sucederá con la reforma tributaria, en la que la propuesta de bajar la incidencia del peso del Estado sobre la economía permitirá reducir en consonancia los altos impuestos que agobian a la actividad privada, para otorgar una imprescindible competitividad a las empresas, sin la cual será imposible asumir la competencia externa, reducir los precios y que el sector privado resurja como generador del crecimiento y de nuevos empleos. Ese debe ser el objetivo supremo de toda política económica.

Ese es, además, un enorme desafío que el Gobierno reconoce y que está decidido a resolver recuperando la confianza de los inversores. Es que el Estado jamás podrá resolver por sí solo las imperiosas ambiciones de bienestar que merece nuestra sociedad y que nuestro país está en condiciones de otorgar, por sus cuantiosos recursos.

* Empresario