Estado y pueblos indígenas: una mirada comparada
El conflicto mapuche desatado en el sur de Argentina ha puesto en la agenda un tema muy complejo, el cual parece –al menos en principio– no encontrar una vía adecuada para su solución.
Sin embargo, la problemática indígena en general no es privativa de nuestro país. Por el contrario, si se observa en la región o, incluso, en países con un alto índice de desarrollo humano, notaremos que estuvo presente en muchos estados y que se abordó de diferentes maneras.
Ahora bien, ¿qué se puede aprender de las experiencias comparadas? ¿Cómo lograr conciliar los derechos de los pueblos indígenas con el desarrollo económico, el respeto a la propiedad privada y al Estado de derecho?
Para comenzar, no se puede pasar por alto lo que señala un reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): “Los pueblos indígenas forman parte de los colectivos más desfavorecidos, los que, como resultado de procesos sociales e históricos que se iniciaron hace más de 500 años, fueron objeto de prácticas discriminatorias persistentes que se extienden hasta el presente y que implicaron un despojo sistemático de sus territorios, con graves consecuencias para su bienestar”.
Buenas prácticas
En ese contexto, el primer ejemplo de buena práctica lo constituye, en mi opinión, la actitud asumida por el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien hace poco, en dos ocasiones, pidió disculpas a sus pueblos originarios por haber sido víctimas de sucesivos gobiernos que rechazaron sus tradiciones, modos de vida, protección de sus aguas y territorios, entre otros, lo cual, señaló, lo avergüenza enormemente y lo obliga a trabajar en nuevas relaciones en pos de lograr una auténtica reconciliación.
Otro ejemplo que vale la pena tener presente es el de los estados nórdicos en relación con el pueblo sami (cultura originaria de la zona norte de Escandinavia), en especial el caso de Noruega.
Este pueblo indígena tiene desde 1989 reconocido su propio parlamento, el cual cada cuatro años elige a sus autoridades y cuya tarea más importante es representar al pueblo en aquellas áreas de trabajo que, como la económica, social o cultural, puedan afectarles.
La creación de este parlamento tuvo como finalidad asegurar que la voz de los sami sea siempre escuchada. El hecho de que los partidos políticos noruegos tengan listas para las elecciones del parlamento sami contribuye y fortalece la participación de esta minoría dentro del sistema político.
Por otro lado, Nueva Zelanda enfrentó el conflicto con el pueblo maorí mediante el establecimiento del tribunal de Waitangi, en 1975, como un medio para canalizar los reclamos y quejas de las tribus frente al incumplimiento del tratado de Waitangi (se firmó en 1840 y pretendía proteger tanto los derechos de los maoríes como los de los colonos ingleses y de la Corona).
El mencionado tribunal ha logrado a la fecha numerosos acuerdos, que incluyen desde una disculpa oficial del Gobierno a través de su ministro de Asuntos Indígenas por los abusos cometidos, acuerdos de reparación, administración común de tierras y ríos con privados e incluso la posibilidad de recuperación de tierras. A su vez, también está asegurada la participación política del pueblo maorí, ya que se les reservan siete asientos en el parlamento.
En el caso de Australia, merece observar la ley de títulos nativos de 1993 –modificada luego con la finalidad de imponer ciertas restricciones a los reclamos de tierras nativas–, pero cuyo objetivo principal fue lograr un adecuado balance entre los derechos que sobre las tierras tienen los habitantes australianos no indígenas y quienes sí ostentan esa denominación.
Diálogo sincero
Por último, y en el caso de nuestra región, puede mencionarse, por un lado, a Bolivia y Ecuador, estados que sin renunciar a su integridad territorial ni a su soberanía se reconocen como plurinacionales, haciendo partícipes a los pueblos indígenas de las decisiones que se adopten, y, por otro, a Chile, que aunque no ostenta esa característica, tiene ya mucha experiencia en temas de participación y consulta indígena, tanto respecto de medidas legislativas que puedan afectarlos, como también respecto del desarrollo de proyectos de inversión dentro del marco de la evaluación ambiental.
En resumen: estamos frente a un tema que debe ser abordado por medio de un diálogo sincero e intercultural, de una institucionalidad adecuada y eficiente y de una legislación clara y oportuna, que permita hacer posible no sólo un desarrollo sostenible e inclusivo para todos, sino una verdadera y auténtica reconciliación entre estados y pueblos indígenas.
¿CÓMO CONCILIAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON EL DESARROLLO ECONÓMICO, EL RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA Y AL ESTADO DE DERECHO?
* Magíster en derecho, profesora ayudante de posgrado en la materia Derecho Indígena, Identidad y Territorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile.