Primera evaluación de daños
La Casa Rosada ya recibió los primeros sondeos de opinión posteriores a la semana violenta en la que se aprobó la reforma previsional. Y los resultados confirmaron una presunción lógica: el Gobierno pagó un costo elevado y la imagen del Presidente cayó de los niveles de preferencia en los que había quedado tras la elección de octubre.
Los estudios de tendencias sociales a los que Jaime Durán Barba les asigna el rol central en la definición de las estrategias oficiales revelaron que la oposición logró perforar la confianza ciudadana y extender la convicción de que la reforma previsional implicaba un ajuste para un sector social vulnerable.
En esa idea también quedaron comprendidos electores que hace dos meses habían ratificado con su voto el rumbo del gobierno de Mauricio Macri.
Esta percepción fue dominante en el centro político del país. En las principales ciudades del interior, la incidencia fue menor. Acaso porque entra en juego la consideración de sistemas previsionales diferentes, a los que la reforma aprobada en el Congreso no involucra de manera directa. Y también porque en la evaluación de daños actúan como contrapeso los beneficios obtenidos por los gobernadores en la negociación del pacto fiscal, la contracara de la ley que cambió la fórmula de cálculo de las jubilaciones.
Durán Barba, susurran en los pasillos de la Rosada, tranquilizó al equipo de gestión de Mauricio Macri. Comparó los índices de aprobación actuales con los que tuvo el Gobierno cuando aplicó el primer ajuste de tarifas y le llovieron recursos judiciales y quejas de consumidores.
La imagen del Presidente se recuperó poco tiempo después, e incluso en un contexto económico menos favorable que el actual encaró el desafío electoral con los resultados ya conocidos.
“Hay que esperar”, sugieren los cercanos a Marcos Peña. Sostienen que cuando empiecen a verse los resultados tangibles de la reforma, en los recibos de haberes de los jubilados, la percepción social cambiará. Confían en que el bono compensador y el empalme con el nuevo mecanismo de actualización influirán para bien.
En esa convicción se apoyó el Presidente en sus últimas declaraciones públicas, en las que también se acordó amargamente de los vaivenes a los que lo sometieron algunos gobernadores en un momento duro. Que no será el último si se mantiene en la decisión de avanzar con su programa de reformas.
El consenso con el peronismo de gestión atravesó una prueba de fuego con la reforma previsional, pero se acerca a un desafío mayor con la reforma laboral. El Gobierno la necesita para equiparar las condiciones de competitividad que ofrece la economía brasileña, líder de la región. Pero tendrá enfrente a la corporación sindical, que en Argentina sólo accedió a flexibilizar posiciones cuando tuvo como interlocutores a presidentes de su mismo signo político.
Los funcionarios de Macri observan que el frente sindical quedó maltrecho y con fisuras internas después de la reforma jubilatoria. La CGT se jugó a un paro sin convicción y sin anudar del todo a sus dirigentes, y al final quedó pegada a la protesta violenta organizada por la alianza táctica del kirchnerismo y la izquierda radicalizada.
Los principales referentes sindicales saben que en el Senado cuentan con una garantía que les ofrece el bloque justicialista: no aprobarán cambios para el mercado del trabajo si el oficialismo no los acuerda con el gremialismo peronista.
En otras palabras: con el consenso de los gobernadores, esta vez no alcanzará. Y las centrales sindicales conservan un poder de movilización que pondrán en juego si ven amenazadas las condiciones vigentes de sus convenios colectivos.
El propio Gobierno tendrá que afinar la disciplina de su coalición parlamentaria, que con el ajuste jubilatorio mostró algunos remilgos incómodos. El radicalismo los administró como sordos ruidos. Elisa Carrió los puso en evidencia con distanciamientos que incentivaron la avanzada opositora.
Para ese desafío, las encuestas también mostraron un dato a favor del oficialismo nacional. Una enorme mayoría rechaza visceralmente la violencia política. El kirchnerismo y la izquierda quedaron expuestos a una amplia condena social por la intifada que perpetraron en las puertas del Parlamento.
Del diciembre violento quedó, además, una novedad que promete evolucionar. Por primera vez se instaló el debate de uno de los mitos más recientes de la política argentina: el del derrumbe de la convertibilidad y el estallido social del 2001.
Durante el kirchnerismo, ese mito fue elevado como una gesta al pedestal de los hechos fundacionales. Incluso Néstor y Cristina Kirchner temían que alguien, en algún diciembre rabioso, se apropiara de ese relato populista en su contra.
La realidad histórica fue menos épica. En diciembre de 2001 operaron con más eficiencia que la irritación social numerosas intrigas desestabilizadoras desde adentro del sistema político.
Tras su caída con estrépito, y frente al kirchnerismo que emergió de esas cenizas, los protagonistas de la Alianza destituida no estaban en condiciones de disputar esa narración. Con Cambiemos, esa circunstancia se ha modificado.
Ahora los promotores de la violencia política son exhibidos frontalmente y quedan expuestos a la condena social.
Por no haber advertido ese cambio de clima, los que jugaron a impedir que el Congreso delibere están cosechando los rechazos que detectan las encuestas.
Curiosa paradoja: pese a que tomó ventaja en la argumentación contra la reforma previsional, la oposición más cerril perdió la posición en la segunda instancia del debate parlamentario.
Tras haber ganado en la primera vuelta, perdió otra vez en el balotaje.