La ley, sin consenso para salir de Diputados
El proyecto que cambiaba las reglas entre inquilinos y propietarios se frenó. No hay acuerdo en la forma de actualización, en los requisitos para la rescisión ni en las garantías.
El proyecto para modificar algunos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación referidos a los contratos de alquiler está empantanado en la Cámara de Diputados de la Nación.
Luego de haber obtenido media sanción en el Senado, la bautizada “ley de alquileres” fue modificada en comisiones con el impulso de Cambiemos; salió con dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, pero el descontento no sólo de opositores, sino también de diputados del interbloque oficialista, la frenó cuando estaba en el temario de extraordinarias.
Si los inquilinos esperaban la sanción de una norma que los beneficiara este año, deberán esperar hasta bien entrado 2018. El dictamen esgrimido por el oficialismo se cae con el fin del período de sesiones y probablemente se deban generar nuevos consensos para aprobar uno nuevo y tratarlo en ordinarias en marzo.
Consultada por La Voz, la diputada Brenda Austin afirmó que “hay voluntad de aprobar una buena norma que favorezca a los inquilinos, hay consenso para modificar” el Código, y que, si bien es una ley esperada, es positivo tomar el tiempo que requiera el debate.
Puntualmente, la legisladora propuso introducir modificaciones sugeridas por la Cámara de Inquilinos de Córdoba que encuadren al contrato de locación dentro de los contratos de consumo. Estos cambios pretenden proteger al inquilino frente a la intermediación de corredores inmobiliarios para que los contratos se sometan “a los principios protectorios de la defensa del consumidor”.
Las últimas modificaciones que hicieron ruido, incluso dentro del interbloque Cambiemos, refieren a dar marcha atrás con la idea de que los contratos deban ser por tres años: se bajó a dos. También, a que el valor de los alquileres se actualice de manera anual sobre la base del índice de precios al consumidor (IPC) del Indec: sobre este punto, el kirchnerismo pretendía un índice de actualización promedio entre inflación y salarios.
Austin, además, marcó diferencias en lo que respecta a la notificación de la rescisión del contrato, consideró como “abusivo” el artículo que dispone que la notificación sea con seis meses de antelación y propuso que se redujera.
El nuevo texto propone diversos tipos de garantías, como el aval bancario, el seguro de caución y la garantía personal. A propósito de este cambio, la diputada cordobesa pidió que se especificara en el texto de la ley si basta sólo con una de todas las opciones o si el locador puede solicitar varias.
Dentro de los retoques, está escrito que se podrá pactar una actualización si la inflación supera el seis por ciento anual. También se pone un tope a las comisiones cobradas por las inmobiliarias, se limita el depósito inicial a un mes de alquiler y se especifica que las reparaciones deben quedar a cargo del inquilino.
Por otro lado, detalla que aquellos impuestos que gravan la propiedad deben quedar a cargo del propietario y en el dictamen se incluye la figura del “alquiler social”, destinado a apoyar a los inquilinos que tengan dificultades para cumplir con garantía, depósito e incluso pago de alquileres.