¿Una cuestión de voluntad política?
La reciente noticia sobre los ataques sexuales de tres jóvenes a otros seis en el Complejo Esperanza remite a una situación dramática. La institución que los albergaba estaba comprometida en su resocialización y en el resguardo de los derechos fundamentales de estos jóvenes, pero no resultó exitosa en la tarea.
Aunque no podemos predecir conductas violentas de esta naturaleza como si dispusiéramos de un oráculo, existen técnicas de evaluación que nos permiten estimar de manera probabilística el riesgo de que una conducta específica ocurra en un contexto determinado asumiendo ciertas condiciones.
Este proceso de evaluación no ofrece, por supuesto, una fórmula mágica para prevenir resultados indeseados, pero sí es de extrema utilidad para orientar los recursos (que siempre son escasos) hacia los factores de riesgo identificados en cada caso.
Las técnicas de evaluación del riesgo de violencia se han desarrollado a partir de estudios de alto rigor científico que a lo largo del último medio siglo dieron a conocer los factores de riesgo que se asocian a la conducta delictiva, y a la más alarmante conducta violenta.
Gracias a esos estudios también se diseñaron intervenciones científicamente basadas para reducir el riesgo de conductas delictivas y violentas en los jóvenes, que han demostrado eficacia en la reducción de la reincidencia en numerosos países del norte de Europa y América.
Tres dimensiones
Los factores de riesgo de la conducta delictiva provienen de lo que el criminólogo Santiago Redondo-Illescas denomina las tres dimensiones del riesgo de delincuencia: una dimensión de factores personales; otra, relativa al apoyo social recibido; y, por último, una concerniente a las oportunidades delictivas.
Por tal motivo, las intervenciones rehabilitadoras y resocializadoras se deben orientar en múltiples sentidos. Apuntar en una sola dirección no es suficiente.
Países de nuestra región, por ejemplo, Chile, Colombia, Perú y Bolivia han comprendido la relevancia de estos conocimientos, y en los últimos años solicitaron asesorías de expertos en evaluación y gestión del riesgo de violencia juvenil que desarrollan su actividad en países con más desarrollos en estas prácticas como Canadá, Reino Unido, Países Bajos y España.
Adaptar e implementar estas experiencias en nuestras institu- ciones representa un verdadero desafío para los responsables de la toma de decisiones en materia de políticas públicas para la prevención del delito.
La ciencia, cerca
Desde 2015, Argentina cuenta con el Programa Ciencia y Justicia, resultado de un convenio entre el Ministerio de Justicia de la Nación y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet).
Su meta principal es la de acercar las ciencias de aplicación forense, como la psicología, la criminología y las ciencias del comportamiento, a la sociedad.
En Córdoba se encuentra radicado un equipo de investigadores y becarios del Conicet con la capacidad para realizar asesoramiento en temas de adolescencia, juventud y Justicia a distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Este asesoramiento es especialmente relevante para la toma de decisiones relacionadas con la regulación legal de la conducta adolescente en nuestro país.
También el servicio busca asistir en otras decisiones más cercanas a la ejecución de la ley, como el ingreso del adolescente a un centro cerrado, su ubicación en esa institución, la implementación de una medida judicial en el medio comunitario o la derivación a algún tipo de intervención psiquiátrica o psicoterapéutica para él y/o su familia, entre otras.
En la noticia que motiva esta nota una pregunta central es: ¿podrían haberse prevenido estos ataques?
La respuesta es, sin dudas, afirmativa. Pero para ello se requiere el uso de técnicas sistematizadas y empíricamente fundadas para evaluar el riesgo de su ocurrencia e implementar las estrategias de intervención más adecuadas para la reducción de ese riesgo. Los recursos humanos y técnicos están disponibles, no prometen soluciones mágicas, inmediatas, ni absolutas, pero sí aseguran que las instituciones responsables de la resocialización de estos jóvenes basen su intervención en los conocimientos científicos más recientes.
Ahora bien, para avanzar en el desarrollo de políticas públicas basadas en la evidencia no sólo basta con los científicos, la sociedad en su conjunto y, especialmente, los responsables de la toma de decisiones en los diversos niveles del Gobierno deben participar de forma activa en ese proceso.
* Psicólogos e investigadores del Conicet