Código Penal: prevén endurecer las penas y limitar la libertad condicional
BUENOS AIRES. Libertad condicional acotada para los reincidentes; aumento en las escalas penales para narcotráfico; prisión domiciliaria para descomprimir “la sobrepoblación” carcelaria; imprescriptibilidad para delitos de lesa humanidad; aborto legal para casos de abuso sexual; incorporación del delito de acoso sexual; elevación de penas para delitos cometidos por funcionarios públicos; cumplimiento efectivo de las penas por accidentes viales. Tales son algunas de las modificaciones que impulsa el Gobierno nacional para el Código Penal y que, se espera, serán puestas a discusión en marzo, una vez que el presidente Mauricio Macri deje inaugurado el período legislativo.
La elaboración del anteproyecto de reforma estuvo a cargo de una comisión multidisciplinaria que trabajó bajo la dirección del integrante de la Cámara de Casación Penal, el juez Mariano Borinsky.
De todos modos, el visto bueno final será dado por el Ministerio de Justicia. Su titular, Germán Garavano, fue quien recibió de parte del presidente Macri el encargo para diseñar las correcciones al Código Penal.
El Ejecutivo espera que la comisión redactora retome las tareas a comienzos de febrero. Su primera actividad sería una reunión el viernes 9. También durante el próximo mes se esperan cruces e intercambios de opiniones con integrantes de la Corte Suprema y con diputados oficialistas.
Un reclamo social persistente desde hace tiempo, como lo es la discrecionalidad en los fallos judiciales, está contemplado en el proyecto. Actualmente, por ejemplo, un homicidio simple contempla una pena de 8 a 25 años, lo que habilita condenas muy disímiles. Para acotar esa discrecionalidad, se fija- rán pautas precisas y objetivas. Así, según el borrador, el juez deberá aplicar “el tercio superior de prisión prevista” cuando el homicidio se produzca: por motivaciones de odio racial, político o religioso; vulnerabilidad de la víctima; discriminación o casos de violencia de género, o uso de armas de fuego.
Algunos de los puntos sobresalientes del anteproyecto sobre la reforma del Código Penal son:
Narcotráfico. Aumento de las escalas penales, de 5 a 20 años de cárcel, para las conductas más graves en la cadena de narcotráfico. Se mantendrán las penalidades para la siembra y el cultivo de marihuana. Si el delito se produce en el marco de una organización internacional, la pena será prisión perpetua. También se agravan las penas para la venta de estupefacientes a menores.
Aborto. Si bien está pendiente la discusión de un proyecto de ley en particular sobre el aborto, este incorpora al Código Penal –por primera vez– la no punibilidad de interrupción del embarazo si fue pro- ducto de un abuso sexual.
Libertad condicional. Se modifica el régimen. Los reincidentes no tendrán este beneficio, salvo excepciones. Tampoco accederán a la libertad condicional los condenados por delitos graves como: corrupción de menores, abuso sexual agravado, secuestro extorsivo, terrorismo, trata de personas, desaparición forzada o explotación de la prostitución.
Prisión domiciliaria. Podrá accederse a ese beneficio cuando se trate de una primera condena a prisión de hasta tres años y será monitoreada con un dispositivo electrónico de vigilancia. Con eso la intención es dar una solución rápida a la “sobrepoblación” carcelaria.
Siniestros viales. Se mantienen los agravantes para el homicidio por manejo imprudente; habrá pena de cumplimiento efectivo cuando el conductor se fugue, participe de una “picada” o para el caso de que hubiere manejado bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes. El organizador de una “picada” será alcanzado por una pena igual a la del conductor homicida.
Imprescriptibilidad. Se establece para delitos de lesa humanidad, desaparición forzada de personas y genocidio.
Decomiso de bienes. Se modifica la ley actual al incorporar la posibilidad de decomiso de bienes anticipadamente a la condena. El decomiso abarcará los bienes tanto producto del delito como los que fueron utilizados para cometerlo.
Corrupción. Tipifica ese tipo de delitos con relación a los funcionarios públicos y establece una pena de 3 a 10 años de prisión, que los lleva a entre 4 y 12 años si el autor fueran el Presidente o funcionarios de primera línea. Son penas no excarcelables en comparación con las actuales.
Agresión sexual. Establece un “seguimiento socio judicial” una vez cumplida la condena, lo que ya se aplica en muchos países. Consiste en tratamientos de rehabilitación y medidas de vigilancia electrónica hasta durante 10 años.