Un aporte solidario a la lectura
En el territorio provincial, hay unas 200 bibliotecas populares que necesitan de nuestro aporte solidario. Por supuesto, su misión básica es promover la lectura. Pero, además, desarrollan numerosas actividades que, por lo general, incluyen una variada oferta de cursos y talleres. En la práctica funcionan como pequeños centros culturales, de modo que su supervivencia es vital.
Desde que el presidente Domingo Sarmiento dictó la primera ley en la materia, hace casi 150 años, son de gestión comunitaria. Dependen de la voluntad y del esfuerzo de unas pocas personas, empeñadas en mantenerlas abiertas y adecuarlas a las demandas de su público.
En general, suelen tener unos pocos socios que abonan una mínima cuota. En Río Cuarto, la Mariano Moreno, por ejemplo, cuenta con unos 600 socios que abonan una cuota de 40 pesos.
Y el apoyo económico que reciben desde los distintos niveles del Estado es escaso.
El Gobierno provincial les acaba de entregar un subsidio anual de unos 20 mil pesos sólo a unas 50 de ellas. Desde el Estado nacional, en algunos casos, suelen recibir una cifra relativamente superior, pero también ínfima para sus costos fijos. Y ciertos municipios, no todos, las consideran en sus presupuestos.
De todas maneras, se podría hacer mucho más desde el nivel estatal. Los dirigentes del sector siempre recuerdan que nunca se reglamentó el artículo 11 de la ley provincial 8.016, promulgada en 1991, que preveía la formación de un Fondo Especial para las Bibliotecas Populares. A su manera, ese fondo pretendía seguir la línea trazada por la Nación, que en 1986 creó el suyo. Pero nunca se hizo realidad, y ya pasaron más de 25años.
Alguien podría preguntar por qué el Estado debe subsidiar actividades desarrolladas por un grupo de particulares. Es que se trata de una institución que brinda innumerables servicios a la comunidad sin fines de lucro. Si el Estado debiera sustituirlas, sus gastos serían superiores.
Con todo, no afirmamos que el sostenimiento de las bibliotecas populares sea exclusiva responsabilidad del Estado. Por el contrario, aspiramos a provocar una reflexión en nuestros lectores con la esperanza de que descubran que están en condiciones de sumar su aporte.
Hoy, que tanto se habla de la asociación entre lo público y lo privado para desarrollar determinadas obras, por qué no pensar incluso que algunas empresas podrían ayudar a sostener una biblioteca popular.
Si tenemos o no una ley de mecenazgo que les permite a los aportantes descontarlo de sus impuestos, no es aquí lo más importante. Estamos hablando de hacer algo a favor del otro, aunque no nos represente un beneficio.