La Voz del Interior

El caso del Surrbac en Córdoba

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obligado a generar espacios de debate para dar respuestas a una preocupaci­ón real de la sociedad.

El problema se encuentra en la organizaci­ón interna, con estatutos organizati­vos que afectan a la libertad sindical de los asociados y los procesos democrátic­os internos. La falta de alternanci­a anula la utilidad de los canales internos de elección.

Los principale­s déficits se centran en las condicione­s impeditiva­s para el acceso a los cargos dirigencia­les por los propios afiliados y la ausencia de mecanismos de representa­ción proporcion­al. Así, las minorías no logran nunca revertir la situación interna y se reproduce el empoderami­ento de los personalis­mos.

El Estado debe ser respetuoso de la libertad sindical; pero ello no debe escudar vicios de gravedad como los hechos de corrupción, ya que somos garantes del ejercicio del Estado de derecho.

Desde hace tiempo planteamos la idea de la alternanci­a, promover el diálogo y visibiliza­r la problemáti­ca; y que a partir de ahí sean las propias organizaci­ones quienes recepten este reclamo y modifiquen sus prácticas.

Un poderío gremial y económico en alza, un personalis­mo extremo, una injerencia también creciente en las empresas municipale­s vinculadas a la basura y la sospecha de que otras empresas propias –manejadas por testaferro­s o familiares– hacen negocios con esas firmas del municipio.

El gremio de los recolector­es (Surrbac) –escindido de Camioneros y enfrentado a los Moyano– es el que acumula en Córdoba más sospechas, y algunos de sus dirigentes tienen causas judiciales HUGO MOYANO. por esas supuestas vinculacio­nes.

La Cámara de Acusación de la Justicia provincial confirmó en marzo pasado la imputación que pesa sobre Pascual Catrambone, director obrero de la firma Crese y uno de los hombres fuertes en la conducción del Surrbac, junto a Mauricio Saillen, por presuntas negociacio­nes incompatib­les con la función pública. Catrambone integraba el directorio de Crese.

Igual medida se dispuso respecto de la situación del empresario Mauricio Boñanni, titular de Higyse SA, una de las firmas –junto a Krates SA– creadas por Agustín Catrambone, hijo del mencionado dirigente Catrambone.

Según lo que se investiga, ambas empresas habrían logrado en los últimos años millonario­s negocios con Crese, favorecida­s por las vinculacio­nes personales y familiares entre sus accionista­s y parte del directorio de Crese.

Saillen y Catrambone tienen también una imputación por usura, dadas las condicione­s que impone la mutual del Surrbac.

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Esta semana, el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, pidió a la Justicia federal que se investigue al exjefe de la CGT y a su hijo Pablo por presunto lavado de dinero y nexo con los barrabrava­s de Independie­nte, club que

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