El Gobierno lleva a la Justicia su ofensiva contra Hugo Moyano
La Procelac lo denunció por evasión impositiva de $ 4.000 millones y por lavado. El líder camionero se suma así a la lista de gremialistas cercados por distintas causas.
Hugo Moyano, el sindicalista más poderoso del país, fue denunciado por una supuesta evasión impositiva de cuatro mil millones de pesos y por lavado de dinero. La ofensiva contra el líder camionero se produce semanas antes del inicio del debate en el Congreso de la reforma laboral, que su sindicato rechaza con firmeza.
La acusación fue impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y presentada por la Procuraduría Especial de Lavado de Activos (Procelac).
Así, Moyano –en cuyo entorno pesan otras investigaciones sobre supuestos fraudes– se suma a la lista de gremialistas cercados por el Gobierno y por la Justicia en los últimos meses. Pero la denuncia que pesa sobre él es la más resonante, ya que se trata del mandamás del sindicato de camioneros, clave en la actividad del país.
El sindicalista más poderoso del país, Hugo Moyano, sufrió ayer una grave denuncia judicial, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, por una supuesta evasión impositiva multimillonaria y lavado de dinero. La ofensiva judicial y política contra el líder camionero se produce semanas antes del inicio del debate en el Congreso de la reforma laboral, que su sindicato rechaza con firmeza.
La denuncia contra Moyano fue presentada por la Procuraduría Especial de Lavado de Activos (Procelac), un organismo fiscal federal encargado de investigar delitos de lavado de dinero, y se produjo con base en un informe de inteligencia elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), una institución gubernamental que conduce Mariano Federici, designado directamente por el Presidente.
De esta manera, Moyano –sobre cuyo entorno pesan otras investigaciones sobre supuestos fraudes y maniobras de evasión fiscal– se suma a la lista de líderes sobre los cuales el Gobierno y la Justicia decidieron avanzar en los últimos meses.
En esta nómina figuran el líder de la federación de porteros de edificios, el kirchnerista Víctor Santa María, dueño del diario Página 12, y otros cuatro jefes sindicales que están detenidos desde hace poco tiempo: el referente del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos Omar “Caballo” Suárez; el histórico dirigente de la Uocra de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina; el director del diario platense Hoy y secretario general del gremio de municipales y trabajadores de la educación de La Plata (Soeme), Marcelo Balcedo, y el referente de la Uocra de Bahía Blanca, Humberto Montero.
Pero la denuncia contra Moyano es la más resonante en términos políticos, porque se trata del mandamás del sindicato de camioneros, que puede paralizar el país cuando se convoca a un paro nacional.
Lleno de causas
Los cotitulares de la Procelac, los fiscales Laura Roteta y Gabriel Pérez Barberá, presentaron en los tribunales la denuncia contra Moyano y su hijo Pablo, el sindicato de Camioneros –es el secretario general– y algunas compañías y grupos empresarios vinculados al jefe sindical.
La denuncia recayó por sorteo en el Juzgado en lo Penal Económico Nº 3 a cargo de Rafael Caputo y la Fiscalía Nº 8 de Alicia Sustaita, y es por los delitos de evasión impositiva masiva y lavado de dinero a través de una red de empresas, cuentas y depósitos que datan de 2008, con compras de inmuebles incluidas.
La acusación directa contra Hugo Moyano se produce un día después de que el juez de Garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, pidiera a la Justicia federal que se investigue al exjefe de la CGT y a su hijo Pablo por presunto lavado de dinero y nexo con los barrabravas de Independiente, club del que es presidente.
Además, el jueves la UIF difundió un informe según el cual Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, hijos de Liliana Zulet, esposa de Hugo Moyano, habrían incurrido en maniobras de blanqueo por 1,1 millones de dólares, correspondientes a actividades vinculadas al sindicato de camioneros y a su obra social.
A estas investigaciones se les suma la detención, en noviembre pasado, del vicepresidente primero de Independiente, Noray Nakis, un hombre de confianza de Moyano, en una causa por asociación ilícita y lavado de dinero.
En el caso de la denuncia presentada ayer por la Procelac, la Afip estima que la evasión impositiva asciende a los cuatro mil millones de pesos.
La acusación se centra en donaciones, transferencias y giros sospechosos entre las empresas de Patricio Nicolás Farcuh, presidente de OCA, y Moyano.
OCA, Organización Coordinadora Argentina SRL, es la principal compañía involucrada en esta causa, pero la investigación se extiende a los grupos Rhuo –dueño de OCA desde 2013– y Damasco; al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros; a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros; a la mutual del sindicato de Camioneros y al propio Farcuh.
Según la Procelac, el Grupo Rhuo retuvo aportes a personal de OCA y tercerizó tareas a través de una cooperativa.
Además, el organismo fiscal lo acusa de no pagar el IVA ni Ganancias, lo que llevó a la Afip a presentar demandas judiciales.
Tras ser adquirida por Rhuo, la deuda fiscal de OCA empezó a crecer mientras efectuaba donaciones –ascienden a unos 6,6 millones de pesos– a la mutual de Camioneros y al club del sindicato, ambos conducidos por Pablo Moyano.
Casi la mitad de esas supuestas donaciones fueron realizadas entre julio y octubre de 2016, cuando OCA SRL atravesaba supuestas dificultades para pagar los salarios de sus empleados.
Intenciones
Aunque puede seguir operando como correo hasta el 16 de febrero, día en el que llegarán los informes impositivos y judiciales sobre la renegociación de la deuda de $ 3.400 millones con la Afip, OCA se encuentra en concurso de acreedores desde mediados del año pasado.
Y la firma podría desaparecer no sólo por su comprometida situación fiscal sino como consecuencia de una acción directa del Gobierno, a través del decreto que esta semana firmó Macri con el objetivo de “desburocratizar” el Estado.
En el artículo 171 del decreto, el Presidente sustituyó el artículo 24 de la Ley de Tarjetas de Crédito, N° 25.065. Esa norma obliga a los bancos a enviar los resúmenes por correo postal o, en caso de que lo requiera expresamente el cliente, por mail. Pero ahora será al revés: los mandarán por e-mail a menos que el cliente pida que se los manden en papel a su domicilio.
De acuerdo con el sindicato de Camioneros, el Correo Argentino y OCA se dividen el reparto de al menos 60 millones de resúmenes de tarjetas.
OCA tiene siete mil empleados directos y otros cuatro mil indirectos. La mayoría de ellos están afiliados al sindicato de Moyano, lo que la convierte en la empresa con mayor número de camioneros en su personal.
Trascendió que Mario Quintana, hombre de confianza de Macri y coordinador del Gabinete Económico del Gobierno, está interesado en OCA: quiere que un grupo inversor amigo se quede con la compañía, que podría pasar a trabajar con contratos con el Estado para la distribución de medicamentos a los hospitales públicos.