Acercar la Justicia al ciudadano y promover un cambio cultural
La percepción que tienen los ciudadanos (a nivel nacional y provincial) de una Justicia que no resuelve sus problemas en tiempos razonables está instalada desde hace tiempo en la agenda pública.
La mayoría de las encuestas ponen en evidencia este sentir ciudadano, aun en una provincia como Córdoba, que cuenta con la Justicia de mayor grado de profesionalismo y credibilidad de todo el país.
Esta percepción se fundamenta en un conjunto de deficiencias que afectan de modo negativo el funcionamiento y la imagen del sistema judicial; entre otras: normas procesales inadecuadas, procesos prolongados, congestión de causas, jueces multifunción, bajos niveles de digitalización y escasos mecanismos de control de gestión.
Consciente de ello, desde el Ejecutivo provincial, pero también desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del Colegio de Abogados y de las universidades se viene trabajando para afinar el diagnóstico y, lo que es más importante, proponer reformas encaminadas a revertir estas deficiencias y garantizar el acceso ciudadano a una justicia con mayor celeridad y mejor calidad.
Hacia adelante
Un paso importante en el cumplimiento de este objetivo se dio el pasado 21 de diciembre, en un acto desarrollado en la Casa de Gobierno, oportunidad en que el Ejecutivo provincial –acompañado de vocales del TSJ; autoridades de la Legislatura Provincial, del Colegio de Abogados y del ámbito universitario; y de especialistas en la materia– envió a la Legislatura un programa de reformas procesales dirigidas a acercar la justicia a los ciudadanos, descongestionar los trámites y causas en los juzgados y acelerar los plazos de las resoluciones judiciales.
Estas prioridades coinciden con las enumeradas por el vocal del TSJ Domingo Sesín, quien en una entrevista reciente con este diario señaló que las tres medidas más urgentes para reducir la mora en la Justicia son: “mediación, conciliación y arbitraje para evitar el pleito; reformar los códigos procesales para acortar la vía de proceso mediante leyes; y la digitalización” .
Celebro que el Gobierno de Córdoba, bajo el liderazgo del gobernador Juan Schiaretti y de su ministro de Justicia, Luis Angulo, y con la presencia de jueces, fiscales, el Colegio de Abogados de Córdoba, Federación de Colegios de Abogados de la provincia de Córdoba (Fecacor), especialistas y profesores universitarios, haya tomado la iniciativa de impulsar un proceso de cambio de esta naturaleza. Proceso que, además, es de carácter institucional y cultural.
Institucional, porque coloca, como debe ser, en el centro de la agenda de las políticas públicas de Córdoba a la modernización y el fortalecimiento de la Justicia.
Cultural, porque estas modificaciones suponen, correctamente, no sólo un conjunto de reformas procesales –de por sí muy necesarias– sino también la adopción de un nuevo paradigma que está vigente en un buen número de los países más desarrollados. Paradigma que establece que no todos los conflictos deben resolverse por vía judicial, ya que existen otros mecanismos –como el de la mediación, por ejemplo– para lograr una solución satisfactoria.
En otras palabras, el espíritu de la reforma que propone el Ejecutivo provincial es que hay que prepararse para la solución y no para el conflicto. Pero, cuando ello no sea posible, entonces las modificaciones propuestas buscan garantizar que los ciudadanos tengan no sólo un fácil y efectivo acceso a la justicia, sino también una respuesta satisfactoria, apegada al derecho y en corto plazo de parte de la misma.
Principales cambios
Los proyectos de ley que el Gobierno de Córdoba propone –los cuales sin duda serán enriquecidos durante su tratamiento en la Legislatura con los aportes, entre otros, de la propia Justicia, el Colegio de Abogados, profesores universitarios y especialistas en la materia– traerán aparejados importantes avances en la gestión de las causas que se tramitan en los fueros Civil y Comercial, Laboral y Penal.
La transformación que se persigue vía esta reforma no se limita a los procesos judiciales abreviados y orales, sino que también busca, como otro de sus objetivos centrales, dotar al Poder Judicial con los recursos tecnológicos necesarios para la digitaliza- ción de los expedientes.
En el fuero Civil y Comercial, deseo destacar dos innovaciones.
Una, la mediación prejudicial obligatoria, que busca promover la resolución de conflictos a través del arreglo entre las partes sin necesidad de entrar en el ámbito jurisdiccional.
Otra, la creación de la “Justicia vecinal”, con procesos gratuitos, orales, ágiles y transparentes que administren justicia en conflictos entre vecinos y derechos del consumidor.
En el fuero Laboral, coincido con la prioridad de acortar de modo significativo la duración de los juicios laborales mediante la creación de ocho nuevos juzgados
EL ESPÍRITU DE LA REFORMA QUE PROPONE EL EJECUTIVO PROVINCIAL ES QUE HAY QUE PREPARARSE PARA LA SOLUCIÓN Y NO PARA EL CONFLICTO.
del Trabajo de primera instancia en la Provincia, junto con la introducción de procesos orales y abreviados para resolver conflictos entre empleado y empleador, o por causas de accidentes laborales o enfermedades profesionales reconocidos por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
En materia del Código Procesal Penal, me parece acertada la propuesta de agilizar los procesos penales incorporando nuevos plazos fatales para el dictado de resoluciones, con lo que cobra importancia la sanción que en la actualidad prevé el Código para el caso de su incumplimiento (cese de la intervención judicial), e introduce
MEDIACIÓN, ORALIDAD Y DIGITALIZACIÓN CONSTITUYEN EL TRÍPODE SOBRE EL CUAL SEASIENTAELPAQUETE DE MODIFICACIONES ELABORADO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA.
modificaciones que agilizan las investigaciones penales preparatorias.
Reflexión final
Mediación, oralidad y digitalización constituyen, en mi opinión, el trípode sobre el cual se asienta el paquete de modificaciones elaborado por el Ministerio de Justicia.
Estoy convencido de que estas reformas tendrán un impacto directo y positivo no sólo en el funcionamiento de la Justicia y su imagen institucional –volviéndola más moderna, ágil y efectiva– sino también en la calidad de vida de los ciudadanos.
La incorporación de nuevos mecanismos y las modificaciones a los procesos judiciales propuestos posibilitarán acercar la justicia a los ciudadanos. Y, lo que no es menor, promoverán asimismo un cambio cultural desde el conflicto como sinónimo de litigiosidad y confrontación, hacia el conflicto como parte de la convivencia humana donde hay que cogestionar su solución.
* Director Regional de Idea Internacional para América latina y el Caribe