Unicameral. Hay 17 empleados por cada legislador cordobés
Trabaja tanta gente como cuando era bicameral. La reforma de 2001 buscaba bajar costos.
En 2001, el gobierno de José Manuel de la Sota impulsó una reforma para cambiar la Legislatura cordobesa de dos cámaras y 133 miembros, por una Unicame- ral de 70. El objetivo: reducir costos de la política. Entonces había 1.476 empleados. En 2002 bajó a 980. Pero hoy se pagan 1.507 sueldos. Casi 17 por cada legislador, si se restan los de la Defensoría del Niño y los del Consejo de la Mujer.
“¿ Está de acuerdo con reformar la Constitución de la Provincia para cambiar la actual Legislatura de dos cámaras con un total de 133 miembros por una sola cámara con un máximo de 70 legisladores?”. Esa era la consigna que elaboró el entonces gobernador José Manuel de la Sota en julio de 2001, cuando les preguntó a los cordobeses mediante consulta popular si estaban o no de acuerdo con reducir el costo de la política. El 75 por ciento respondió que sí.
Estaría bueno volver a hacer la pregunta. Sobre todo en términos de reducción de costos, porque la Unicameral de ahora está tan grande como la bicameral de entonces.
En 2001, la planta total del Poder Legislativo –que además de legisladores, componen los empleados legislativos y administrativos– contaba con 1.476 empleados. Después de la consulta popular se reformó la Constitución y se unificó en una sola cámara la Legislatura cordobesa.
Sin entrar en la discusión sobre los efectos institucionales de la medida, el control de poderes y la mejora de calidad que supone un doble debate parlamentario, en términos de costos la planta de personal se redujo entonces a 980 trabajadores. Eso ocurrió en 2002, en
medio de una profundísima crisis social y económica. Este achique del 33 por ciento derivó en el número más bajo del que se tenga registro. Algunos fueron transferidos a otras áreas y otros se jubilaron mediante los mecanismos de retiro anticipado que De la Sota implementó en aquel entonces.
¿Cuántos empleados hay hoy? ¿Hay algún mecanismo de consulta popular que coteje si se cumplió lo que se prometió hacer? Los datos indican que el Poder Legislativo tiene hoy un plantel de 1.507 trabajadores, 31 personas más incluso que la foto que quedó cuando la ciudadanía, por iniciativa del Ejecutivo, dijo que estaba de acuerdo con reducir el costo de la política. El engorde supone un incremento del 53,7 por ciento.
“En la jurisdicción 2.0, que es la del Poder Legislativo, se incluyen empleados que ahora dependen del Ejecutivo”, explica Sebastián Rossa, secretario administrativo del Poder Legislativo.
Hace referencia al Consejo de la Mujer, que fue creado como un programa de la Legislatura y luego pasó a la Secretaría General de la Gobernación. En ese paquete también están los trabajadores de la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Aunque ese detalle no figura en las estadísticas que publica el Gobierno de Córdoba, desde la Secretaría General de la Gobernación indicaron que en esos dos programas se desempeñan 247 personas.
Si se descuentan estos trabajadores, la planta de personal pasa de 980 a 1.260 trabajadores entre
2001 y 2017, lo que supone un incremento del 28,5 por ciento. Pero no sería del todo correcto descontarlos: es a partir de 2008 cuando empiezan a crearse estos cargos, con el mismo escalafón de los empleados legislativos. En 2008, estos dos programas sumaban seis trabajadores y en 2017 son 247.
Hay otro dato llamativo: si bien el crecimiento de la planta de personal es constante desde 2002, es en 2017 cuando se da el gran salto e ingresan 227 trabajadores. La versión que circula es que se hizo antes de que la Nación acordara con las provincias la Ley de Responsabilidad Fiscal, que pone tope al crecimiento del empleo.
De los 1.260 trabajadores puros del Poder Legislativo, el 48 por ciento está contratado y el 52 por ciento reporta en planta permanente.
El 64 por ciento de los agentes tiene menos de cinco años de antigüedad; siete por ciento, entre seis y 10; cuatro por ciento, entre 11 y
15; cuatro por ciento, entre 16 y 20, y el 22 restante, más de 21.
El salario promedio de todo el Poder Legislativo es de 39.093 pesos brutos. El 44 por ciento del plantel tiene un salario que va de
20 mil a 40 mil pesos, el 31 por ciento gana por debajo de los 20 mil y, en el otro extremo están los 70 legisladores con una dieta de 137.256 pesos en bruto, que queda en alrededor de 90 mil luego de los descuentos previsionales y de Ganancias.
En plata
Otra manera de abordar lo que pasó con aquella promesa de Unión por Córdoba de 2001 es con las ejecuciones presupuestarias. Como la inflación sistemática de los últimos 13 años impide una comparación genuina, se llevaron a pesos de diciembre de 2017 las ejecuciones presupuestarias desde
2001 a esta parte. Ese año, el gasto total del Poder Legislativo fue de
908 millones de pesos. Después del achique de 2002, bajó a 346 millones de pesos: el grueso del ajuste lo hizo la devaluación pos salida de convertibilidad. En el proyectado de 2017, está en 680 millones: 96,5 por ciento más que en 2002, aunque todavía está 33 por ciento abajo del gasto de 2001. Esos 247 empleados de la Defensoría y el Consejo de la Mujer están por fuera de esta ejecución.
“El racionamiento del gasto público en Córdoba lleva muchos años. Por ejemplo, con la decisión de transformar en unicameral la Legislatura, en el año 2001, el Poder Legislativo insume sólo el
0,5 por ciento del presupuesto, cuando en otras provincias llega al
20 por ciento”, sostuvo días atrás a este diario Silvina Rivero, secretaria General de la Gobernación, cuando se le consultó cómo está parada Córdoba para cumplir los parámetros de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En términos porcentuales, es cierto que la Legislatura insume el
0,5 por ciento del presupuesto total. En 2001 se llevaba 1,5 y en
2002, el 0,9 por ciento. Lo que sucede es que todo el gasto público aumentó, especialmente por el incremento de la presión impositiva que Nación y Provincia instrumentaron desde entonces a esta parte. En participación del personal, hoy representa el uno por ciento: lo mismo que en 2001.
EL CONSEJO DE LA MUJER Y LA DEFENSORÍA DEL NIÑO SUMAN UNOS 247 EMPLEADOS. REPORTAN COMO LEGISLATIVOS.