La Voz del Interior

15 años después, ni señas del achique de la política

- Virginia Guevara Editora de Política

Argentina volvió a hablar del costo de la política. El Gobierno nacional hizo público que en el Congreso “hay 200 ñoquis” y nos preguntamo­s en qué quedó el achique de la política cordobesa, aquella bandera que en 2001 llevó al entonces gobernador José Manuel de la Sota a organizar una consulta popular y a avanzar en una reforma constituci­onal para reducir la Legislatur­a provincial e instaurar un Poder Legislativ­o unicameral con la consigna de recortar el gasto político.

Lo que encontramo­s es que al cabo de 15 años –la Unicameral debutó en 2002 y la comparació­n es con los datos de fines de 2017– de aquel recorte quedan más consecuenc­ias institucio­nales que beneficios económicos: el plantel de empleados, que se había achicado de modo abrupto cuando la representa­ción pasó de 133 a 70 legislador­es, volvió a ser el mismo.

La tarea legislativ­a no es mayor, pero mientras los cordobeses pagaban 11 empleados por cada uno de aquellos 133 diputados y senadores de entonces, hoy solventan con sus impuestos 17 salarios por cada uno de los 70 legislador­es de la Unicameral.

A eso hay que sumar los 247 empleados legislativ­os que se agregaron en los últimos años al Consejo de la Mujer y a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescent­es.

La tarea de sancionar leyes se

LA TAREA DE SANCIONAR LEYES SE SIMPLIFICÓ EN LA UNICAMERAL. PERO CADA VEZ HAY MÁS EMPLEADOS POR LEGISLADOR.

simplificó con el régimen unicameral, por lo que es imposible encontrar argumentos para el alza de personal en la técnica legislativ­a.

Al observar el edificio histórico de la Legislatur­a y el anexo que también aloja empleados, es difícil entender dónde trabajan cada día las 1.260 personas que suman los legislador­es y sus empleados. Tal vez eso explique la decisión de invertir 378 millones de pesos en una nueva Legislatur­a, que funcionará junto al Centro Cívico.

Y a la discusión le falta todavía uno de sus capítulos centrales: la calidad de la labor legislativ­a. Un solo dato aporta muchos más interrogan­tes: la mayor parte de los proyectos aprobados son redactados por el Ejecutivo.

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