Triaca: No hay una caza de brujas contra los sindicalistas
Descartó que la denuncia contra Hugo Moyano esté motorizada por el Gobierno. El ministro de Trabajo aseguró que el Poder Ejecutivo es respetuoso de la Justicia.
BUENOS AIRES. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, negó ayer que exista “una caza de brujas” contra los sindicalistas a raíz de las últimas investigaciones judiciales, que involucran a varios dirigentes gremiales, y aclaró que el Gobierno “no quiere hacer pagar a justos por pecadores”.
“Pretendemos un vínculo con los gremios con transparencia, franqueza en las negociaciones, sin prácticas mafiosas y extorsionadoras”, afirmó Triaca en declaraciones a FM Milenium y radio Mitre, al fijar la postura del Gobierno frente a las recientes detenciones de los gremialistas Marcelo Balcedo, Omar “Caballo” Suárez y el “Pata” Medina y la denuncia sobre Hugo y Pablo Moyano por presunto lavado de activos.
En ese sentido, subrayó que “no toda la dirigencia sindical es igual” y que el Gobierno tiene en claro que “la mayoría de los dirigentes cumplen su función gremial dentro del marco de la ley”.
El ministro remarcó: “Hay una mayoría de sindicalistas de diferentes sectores políticos que hacen las cosas con transparencia”.
Sin embargo, advirtió que “este Gobierno no le va a dar ninguna ventaja a ningún político ni sindicalista” y agregó que el Ejecutivo es “muy respetuoso del marco institucional” en todos los casos.
Además, consultado sobre el mensaje de La Cámpora en defensa de Moyano y otros gremialistas investigados por la Justicia, consideró que “los jóvenes de La Cámpora deberían preguntarse por qué dejaron millones de pobres y de personas sin trabajo”.
Conexiones
En el ámbito de la política se dice que la denuncia contra los Moyano es motorizada por el Gobierno nacional, cuestión que descartó el ministro Triaca.
Sin embargo, hay algunas conexiones en esa denuncia con la Casa Rosada.
La denuncia contra Hugo Moyano y su hijo Pablo fue presentada por la Procuraduría Especial de Lavado de Activos (Procelac), un organismo a cargo del cordobés Gabriel Pérez Barberá y de Laura Roteta, que depende del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.
Sin embargo, la denuncia de la Procelac se hizo sobre la base de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que depende del Gobierno nacional.
De allí que muchos opositores aseguren que la denuncia es impulsada por el macrismo, para condicionar a los gremialistas que se oponen a la reforma laboral. Pablo Moyano es ferviente opositor al proyecto de ley que impulsa la Casa Rosada.
Ahora la denuncia quedó en manos del juez Penal Económico, Rafael Caputo, un magistrado de gran predicamento en el Poder Judicial.