Un laberinto judicial repleto de lagunas legales
El Código Penal se ha ido adaptando a los delitos más conocidos y especifica las sanciones para quienes cometen delitos informáticos.
Otras veces, el daño o el perjuicio causado se asimila a delitos ordinarios con sus sanciones habituales.
Pero, en algunas ocasiones, el modo de delinquir con un medio informático como herramienta esencial para la consumación de un delito aún no se tradujo en leyes y todavía no es perseguible.
Hay países más avanzados y otros que están muy atrasados. Argentina está “al medio” de esa escala y avanza para penar nuevas modalidades delictivas.
Por ahora, subsisten como lagunas legales dos o tres fenómenos que provocan mucho daño y que pudieran combatirse mejor con otras herramientas legislativas.
Una de ellas es la “pornovenganza”o“revenge porn”, muy en boga a partir de la proliferación de cámaras en teléfonos celulares y a raíz de la costumbre de algunas parejas de grabar videos de contenido sexual.
El problema es cuando esas parejas se distancian y uno de ellos decide dar rienda suelta a su despecho.
En Argentina, son numerosos los casos en los que esto ocurre y, entre los famosos, son conocidos los casos de las actrices Silvina Luna, Florencia Peña y Fátima Florez, entre otras.
Algo similar a esto es la aparición de videos prohibidos de personas que demandan a grandes sitios de internet por incluir sus imágenes privadas.
El caso paradigmático es el de Belén Rodríguez, quien demandó a Google y obtuvo un resarcimiento porque su imagen direccionaba a un sitio porno.
Hoy, la mera notificación consigue que esas plataformas de videos levanten esos archivos apenas empiezan a ser difundidos.
Florencia Peña también realizó una demanda penal contra los buscadores Google y Yahoo por la viralización de un video sexual que pertenecía a su intimidad.
El caso todavía continúa en el laberinto judicial y se vaticina que será una batalla de varios años.
Otro delito que aún espera correlato legislativo y judicial es el robo de identidad digital. Un proyecto del exministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni preveía castigar el acceso y el uso de la imagen de una persona real o jurídica a través de un medio electrónico.
También está como asignatura pendiente mejorar la legislación internacional para permitir el acceso transfronterizo de datos en investigaciones criminales. En ocasiones, la Justicia necesita acceder a los archivos de una empresa o de un particular, pero sus datos están alo- La Justicia de Córdoba implementó el Área de Coordinación y Seguimiento del Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal, que funciona en el edificio de la Policía Judicial. Duarte Quirós 650, ciudad de Córdoba, piso 13, teléfonos: (0351) 448-1000, 448-1016.
jados en el servidor de otro país en el que, justamente, su legislación no permite la intervención de otra jurisdicción.