El agujero negro que deglute la plata del juego
María Eugenia Vidal instaló el tema de los mayores controles a los falsamente denominados juegos de azar, ese perverso mecanismo por el cual el Estado y privados les sacan mucha plata a los pobres con el argumento de devolverles un poco de plata a los pobres.
En Córdoba, recogieron el guante Ramón Mestre y algunos dirigentes radicales y le pidieron al gobernador Juan Schiaretti que imite a su colega bonaerense y limite las salas de juego a los lugares turísticos.
La respuesta del Gobierno provincial fue clara y contundente: silencio absoluto.
Los números del juego en Córdoba son también claros y contundentes. Los más elegidos son la quiniela y las tragamonedas, donde el perfil de apostador es de ingresos medios para abajo.
Pero repasemos qué pasa con esas monedas que salen de apostadores para nada acaudalados, que totalizan cada día casi siete millones de pesos en las distintas salas de slots de la provincia de Córdoba.
El 73 por ciento se lo queda la compañía CET, que explota estos juegos y cuya concesión vence recién en el año 2027.
El tres por ciento es para los municipios en los que están ubicados los 17 locales de tragamonedas y un 24 por ciento va para Lotería de Córdoba.
Nos quedemos un instante en ese 24 por ciento que va para el organismo estatal, cuyos gastos no tienen las mismas exigencias ni controles que el resto de la administración pública.
De todo lo que entra a la Lotería (incluyendo quiniela, tragamonedas, casinos y otras apuestas), sólo un 18 por ciento va a promoción social, una parte que se destina al programa alimentario Paicor y el resto a otros programas asistenciales. Todo parece indicar que un gigantesco agujero negro de burocracia y reparto de favores se deglute el resto.
O sea, de cada 100 pesos que dejan los apostadores en una tragamonedas, solamente cuatro van a parar a la asistencia de los más carenciados. La respuesta que completaría el círculo perverso es cuántos de esos 100 pesos provienen de personas de ingresos bajos.
Este diario publicó hace un par de meses que, hace menos de 10 años, lo asignado a programas sociales de lo recaudado por Lotería era del 33 por ciento. Y también reveló que las únicas ganancias son de la empresa concesionaria, ya que los casinos que administra Lotería dan pérdida.
Está claro que la función social está lejos de ser una fundamentación para el juego, que acarrea peligrosos riesgos como la ludopatía.
El otro argumento que se usó para autorizar y alentar la instalación de estos juegos programados fue la promoción turística.
Dicen que no dan abasto de atender a turistas nacionales y extranjeros este verano en lugares como Deán Funes, Cruz Alta, General Roca, Morteros, Laboulaye, San Francisco, Río Cuarto o Corral de Bustos.
Un elemento final. De las 17 salas de tragamonedas, la más moderna es la que construyó la Lotería junto con el hotel Ansenuza en Miramar, cuya ejecución fue objeto de más de una controversia con un capítulo judicial aún no cerrado y con el supuesto objetivo de promover la plaza turística. Es la sala que menos apostadores tiene. Y por mucho.
LA PRÉDICA DE MARÍA EUGENIA VIDAL NO TUVO ECO EN CÓRDOBA. SÓLO 4 DE CADA 100 PESOS APOSTADOS EN “SLOTS” VAN A ACCIÓN SOCIAL.