Sobre rankings, datos y transparencia gubernamental
Hace poco se difundió el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP) confeccionado por el Cippec. La Provincia de Córdoba se posicionó como la jurisdicción más transparente del país. El indicador se elabora sumando distintas puntuaciones vinculadas con la publicación de 10 ítems de información presupuestaria y fiscal.
Según la metodología usada por el instituto mencionado, Córdoba obtiene un puntaje de 9,7 sobre un total de 10 puntos a partir del relevamiento realizado en noviembre de 2017. A continuación, presentamos tres consideraciones por las que creemos que este resultado no refleja en absoluto la situación de nuestra provincia y puede inducir a conclusiones erróneas:
Grado de transparencia La transparencia presupuestaria y fiscal se mide en base a dos dimensiones fundamentales: el derecho de acceso a la información y la transparencia activa.
La primera está relacionada con la obligación por parte del Gobierno de responder las solicitudes de información que se le presentan de forma completa y en los plazos correspondientes. La segunda se vincula con la posibilidad de los ciudadanos de acceder de forma permanente a la información pública.
El ITPP sólo contempla la segunda dimensión. Es decir, la falta de respuestas por parte del Gobierno provincial a pedidos de información no modifica el resultado final de este indicador.
Teniendo en cuenta que, del total de pedidos de informes presentados por Encuentro Vecinal Córdoba, menos del 15 por ciento fueron respondidos y casi ninguna respuesta fue detallada y completa, podemos afirmar que los resultados de Córdoba respecto del derecho de acceso a la información son pobrísimos. El 50 por ciento del puntaje debería contemplar aspectos relacionados con esta dimensión para eliminar este sesgo y que los resultados obtenidos sean más fieles.
Información incompleta
La información que se encuentra disponible es incompleta. Como la cuenta de Inversión de 2017 todavía no fue publicada, consideramos la última disponible (2016) que es la que tomó el Cippec para elaborar su ranking. Del análisis de esa publicación se desprenden las siguientes cuestiones.
Durante 2016, de los recursos de la provincia, más de 52 mil millones de pesos fueron administrados por organismos “satélites” a la administración central.
De esos $ 52.348.752.498 de los que dispusieron las agencias y organismos descentralizados, se gastaron $ 33.307.345.000 y sólo fueron publicados los detalles de ejecución de las agencias, el Ersep, la Caja de Jubilaciones y la Universidad Provincial.
La cuenta de inversión no contempló el seguimiento de más de 19 mil millones de pesos presupuestados y por lo tanto los gastos efectuados no pudieron ser minuciosamente auditados por el Tribunal de Cuentas y los organismos competentes.
Aún más grave resulta el hecho de que no se puede acceder a un solo comprobante de los gastos efectuados por estas entidades. Estas erogaciones representan casi el 30 por ciento del gasto total anual y suman más de $ 30 mil millones.
El hecho de administrar los fondos mediante organismos descentralizados coloca un velo impenetrable entre la información y las auditorías y constituye una práctica instituida, creciente y bien aceitada por el gobierno de Unión por Córdoba.
Cantidad no es calidad
¿Qué sentido tiene que la información esté disponible si no es precisa o certera? Es cierto que en los últimos años la Provincia aumentó la cantidad de datos publicados, pero tenemos argumentos para poner en duda su veracidad.
Analizando las distintas fuentes de información fiscal provistas por el Gobierno encontramos discrepancias importantes de los montos publicados en cada una de ellas.
En la tabla expuesta como gráfico ejemplificamos esta situación en función del presupuesto asignado a distintos programas de los ministerios en noviembre del 2017 (fecha en la que fue realizado el relevamiento del Cippec).
El gráfico demuestra que tampoco es posible acceder en todo momento a información de calidad (segunda dimensión de la transparencia). No puede conocerse con certeza si alguna de las fuentes de datos representa la realidad.
Esta baja calidad informativa también puede apreciarse en otros instrumentos públicos. Por ejemplo, en el Plan de Inversiones Públicas presupuestado para 2018 hay obras sin determinar por un monto superior a los 4.000 millones de pesos.
Consideramos necesario hacer estas aclaraciones para que los ciudadanos puedan conocer con mayor exactitud cuál es el nivel de transparencia gubernamental de su provincia y sacar sus propias conclusiones.
Cabe aclarar que este documento no intenta cuestionar la metodología utilizada por el Cippec que bien podría servir como complemento al desarrollo de otras mediciones en este campo.
Todas las explicaciones pertinentes acerca de las cuestiones aquí mencionadas fueron pedidas en reiteradas oportunidades, pero, paradójicamente para tratarse de la Provincia con mejor puntaje, nunca pudimos acceder a la información correspondiente.
* Bloque Encuentro Vecinal Córdoba