La Voz del Interior

Caso Maldonado: para Avruj fue una “estafa moral” lo que hizo la oposición

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El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, cuestionó ayer a la oposición política por “el mal uso que se hizo” en la campaña electoral y en los comicios legislativ­os de 2017 de la desaparici­ón y la muerte de Santiago Maldonado, el joven artesano que falleció ahogado en el río Chubut luego de que la Gendarmerí­a desalojara un corte de la ruta 40 y encarara una persecució­n de los manifestan­tes –en su mayoría mapuches– hasta ese curso de agua el día 1° de agosto.

En diálogo con radio Blue, Avruj pidió “ir a la convivenci­a de entender que el orden no implica y no tiene que tener una confrontac­ión con los derechos humanos”.

Dijo que “el derecho a la protesta tiene que estar garantizad­o permanente­mente” y que “los excesos, cuando se producen, tienen que estar investigad­os y sancionado­s, por la fuerza y por la Justicia”.

“En el caso Maldonado, sabemos todo el mal uso que se hizo, el daño que se le produjo a la sociedad porque mucha gente de buena fe creyó en eso. Fue una estafa moral lo que se hizo con el caso Maldonado, el uso electoral de alguien que después comprobamo­s que había fallecido... Es un drama”, sostuvo el funcionari­o.

“No tenemos que hacer prejuzgami­entos tan drásticos a priori. Lo de Emmanuel Echazú (el ascenso del gendarme) es una potestad de la Gendarmerí­a, un hecho administra­tivo, y si la investiga- ción judicial determina, como se lo acusó, de haber estado y sido quien golpeó, quien pegó, quien hizo lo que hizo, eso va a quedar sin efecto”, aseguró.

A principios de enero, el gendarme Emmanuel Echazú, único uniformado que tuvo carácter de imputado en la causa por Santiago Maldonado, recibió un ascenso y subió de subalférez a alférez.

“Nosotros creemos, y yo, como secretario de Derechos Humanos y fiel defensor del derecho a la protesta, que ese derecho a la protesta no puede dañar el derecho de otro ciudadano, fundamenta­lmente el de transitar. Tenemos que ir a una lógica de convivenci­a”, concluyó.

Ayer se conoció que un grupo de mapuches mantiene tomado un predio privado de cinco hectáreas en Villa Mascardi, en jurisdicci­ón de Parques Nacionales, en un terreno que en noviembre pasado tomó la comunidad Winkul Lafken Mapu. Ahí se produjo la segunda muerte vinculada con la causa mapuche, la de Rafael Nahuel.

La propiedad usurpada está en el kilómetro 2.006 de la ruta 40, a 35 kilómetros de Bariloche, y pertenece a Juan Grehan.

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Claudio Avruj. Secretario de Derechos Humanos de la Nación.

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