Mayorías expectantes, minorías intensas
Alguien le advirtió a tiempo a Hugo Moyano de que movilizar a los camioneros en el aniversario de la tragedia ferroviaria de Once podría resultar inconveniente.
Para una vasta percepción social, la época de mayor prosperidad del sindicato que es bien de familia de los Moyano coincidió con el momento de agonía final en el servicio ferroviario.
Tal vez se ajustaría mejor a los hechos decir que lo primero fue también una causa eficiente de lo segundo. Durante los años de expansión de las exportaciones primarias, el kirchnerismo pactó con los camioneros que el transporte de las cosechas no se haría por tren, como lo hubiese aconsejado un criterio más racional de inversión en infraestructura pública.
Aun salvando la cuestión de fechas, tanto el mundo sindical como la Casa Rosada son conscientes de que la movilización de los camioneros será masiva porque ya consiguió el respaldo de sindicatos y de organizaciones piqueteras siempre dispuestas a sumarse a cuanto evento le provoque un desgaste estratégico al Gobierno.
El presidente Mauricio Macri cerró el debate interno sobre la estabilidad de su ministro de Trabajo, Jorge Triaca, e instruyó a sus funcionarios a plantarse en el debate público frente al desafío de la nueva CGT, que no es otra que la antigua de Hugo Moyano y de Luis Barrionuevo.
El oficialismo admite que el poder de movilización del aparato sindical les garantizará a los organizadores una marcha masiva, pero resolvió confrontar en la opinión pública desnudando los intereses ocultos de la manifestación.
Moyano es un adversario casi mejor que Cristina, sostienen los voceros de Macri, mientras exhiben encuestas en las que el veterano líder de los camioneros cosecha hasta un 80 por ciento de imagen negativa.
A dos años de gestión, los dirigentes más cercanos al Presidente reivindican que ya acreditaron suficiencia política para sortear la presión de la calle. Sostienen que la clave es exponer las motivaciones ocultas del reclamo –como las investigaciones por lavado de dinero que acosan a Moyano– y exhortar a la sociedad a que fije la atención en el escenario del día después.
En palabras del propio Macri, la cuestión es poner en evidencia las limitaciones de las minorías intensas que hostigan a su gobierno, en contraste con las mayorías no movilizadas, pero que le dieron al oficialismo los triunfos electorales del año pasado.
En el frente sindical, el relato apuntará a recalentar la protesta con un argumento de hierro: el deterioro del salario frente a la aceleración de los precios, en un contexto de paritarias abiertas.
Los operadores de Macri admiten que las paritarias vienen recargadas con una dosis de reclamos legítimos, que conviene discernir de los objetivos subalternos de la burocracia sindical.
Por eso, el discurso oficial arrancó estableciendo un objetivo de máxima: aumentos salariales acordes con la pauta inflacionaria, pero sin “cláusula gatillo”.
Es una condición que caerá en las primeras vueltas de la negociación salarial. La actualización automática por inflación será casi inevitable y el equipo económico lo sabe. Pero ninguna negociación se desarrolla con la concesión desde el inicio de aquello que es lo más razonable en el final.
Macri enfrenta un dilema complejo. El apoyo para su pelea contra las minorías intensas depende centralmente del progreso de su programa contra la inflación. Y el éxito de ese programa se enfrentará ahora con el desafío de la demanda salarial. Que es central para la mayoría que lo apoya.
Hay otra minoría ante la cual el Gobierno tiene aún menor incidencia política. Durante los últimos dos años, los jueces de Comodoro Py se defendieron a sí mismos desatando una hiperactividad que contrastó con la molicie acumulada durante décadas.
Eso generó un debate sobre la condición republicana de las prisiones preventivas ordenadas con un criterio de dudosa amplitud. Ahora puede ocurrir lo contrario. Personajes controversiales como José López, Ricardo Jaime y Lázaro Báez están cerca de cumplir dos años detenidos sin condenas firmes. Su liberación pegaría de lleno en el contrato de regeneración institucional que el oficialismo selló con sus votantes.
La situación preocupa al oficialismo, que ya activó en el Consejo de la Magistratura los mecanismos para acelerar los procesos contra los jueces que durmieron causas durante años y las despertaron tras el cambio de gobierno, con sacudones de dudosa legalidad.
Es probable que, luego del retiro en Chapadmalal que el macrismo organiza para la semana corta de los feriados de Carnaval, comiencen a trascender los primeros resultados de las auditorías de gestión que se hicieron a instancias del Consejo de la Magistratura en los principales juzgados federales del país.
Los representantes de Macri en el organismo son cautelosos sobre los resultados. Pero advierten sobre que esas auditorías serán publicadas en una base de datos abierta a la ciudadanía.
En Chapadmalal también se delinearán los criterios que Macri expondrá al Congreso el 1° de marzo.
El Presidente no se guardará el párrafo dedicado a los jueces federales, esa silenciosa pero intensa minoría.
Le jugará a favor uno de los recientes desatinos de la diplomacia vaticana. El Papa legitimó indirectamente, en una carta a Hebe de Bonafini, la doctrina del territorio sagrado –a salvo de la jurisdicción de los magistrados– que se estrenó en el experimento del caso Maldonado.
Bonafini impidió que se incautara documentación relacionada con los fondos públicos administrados por Sergio Schoklender. El antiguo parricida, devenido empresario constructor y luego delator de su propio saqueo resultó inesperadamente favorecido con la misericordia activa del pontificado.
EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS COMENZARÁN A TRASCENDER LAS AUDITORÍAS QUE SE HICIERON EN LOS JUZGADOS FEDERALES.