Amenazas intolerables
La falta de respuestas rápidas y efectivas de las instituciones y de la Justicia ha permitido que distintos actores de la vida nacional intenten hacer prevalecer sus privilegios y negocios bajo amenazas cuasi mafiosas. Sucede en todos los ámbitos.
Los padres desconocen la autoridad de maestros y profesores, a quienes golpean para que aprueben lo que sus hijos desaprobaron en las aulas.
Los pacientes de los hospitales agreden a médicos y a personal de seguridad porque entienden que sus prácticas se demoran o son insuficientes para curar las heridas recibidas en actos delictivos.
Los pasajeros insultan y golpean a las autoridades aduaneras que intentan revisar sus equipajes, repletos de artículos que deben pagar impuestos para ingresar al país y evitar el contrabando o la venta ilegal.
La última serie de esos atropellos la protagonizó Hugo Moyano, el poderoso dirigente gremial que vincula su actividad y sus negocios con la conducción del gremio de Camioneros, del club Independiente de Avellaneda y, supuestamente, con la empresa de servicios postales y de encomiendas OCA.
Los vínculos financieros entre las entidades mencionadas llevaron a la Justicia a investigar a Hugo Moyano por la presunta manipulación de fondos y el lavado de dinero en operaciones ilegales. Moyano, sus familiares y supuestos testaferros administrarían empresas que prestan servicios entrecruzados. El líder camionero es dueño de un patrimonio que excede con creces su actividad como representante de los trabajadores.
Al frente de un sindicato clave para el transporte de mercaderías, de dinero y de combustibles, Moyano logró –bajo presiones y extorsiones– hacer crecer su patrimonio, al tiempo que convirtió al transporte por camiones en casi el único medio para el traslado de elementos esenciales para la vida cotidiana.
Acorralado por la investigación judicial y los reclamos de deudas contraídas por la empresa OCA, el dirigente se siente con derecho a amenazar al Gobierno nacional y advertirle que “le queda poco tiempo”.
Ningún miembro de la Justicia se animó a investigar semejante amenaza contra las autoridades democráticas. En forma paralela, son muy pocas las instituciones que se han animado, al menos, a repudiar los dichos del gremialista.
¿Es tan grande su poder y capacidad de daño que pocos se atreven a enfrentarlo y a pedirle que se defienda ante los jueces?
No sólo sus manejos empresariales están bajo sospecha de ser alcanzados por las investigaciones judiciales, sino que además la recuperación de ramales ferroviarios y el transporte a través de cursos de agua –por caso, la hidrovía de los ríos Paraguay-Paraná– están poniendo en riesgo su poder omnímodo en la circulación de bienes.
Como sucede en diferentes ámbitos de la organización social, las amenazas de Hugo Moyano no deben quedar impunes. La Justicia debe actuar con celeridad.
Al mismo tiempo, es tarea de la dirigencia nacional crear la debida conciencia de que todo ciudadano debe someterse al poder de la ley y de que cualquier transgresión o retorno al poder de las mafias deben ser desterrados de la sociedad que aspiran a construir millones de argentinos.