La Provincia se distancia de la política de seguridad de Macri
El ministro de Justicia de la Provincia marcó diferencias claras con las señales que dio la Nación respecto del caso Chocobar. Aseguró que en Córdoba rigen protocolos que fijan límites. Y que se judicializan los excesos.
Tras las señales del presidente Mauricio Macri con el reconocimiento y la defensa del policía Luis Chocobar –quien había sido procesado y embargado por matar por la espalda a un delincuente que huía– el Gobierno de Córdoba salió a marcar diferencias políticas y de procedimiento con la Nación.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Angulo, fue el encargado de señalar esa distinción. Pese a que no cuestionó directamente a la Nación en ningún momento, señaló que en Córdoba la orden política es que “el combate del delito se hace con la Constitución y la ley en la mano”, y antes se hace “combatiendo a la exclusión social, que es la madre del delito”, indicó el funcionario.
Respecto de la Policía de Córdoba, Angulo recalcó que hay protocolos de actuación que deben ser respetados. “Hay límites a la actua- ción de las fuerzas de seguridad, especialmente en el uso de armas de fuego, porque ese uso puede significar la pérdida de la vida. Si estamos planteando que el derecho humano fundamental es el derecho a la vida, entonces creemos que la actuación de la Policía debe tener esos límites, que deben ser muy claros y que de hecho están en la ley, en la Constitución y en los acuerdos internacionales. Esas son la base del estado de derecho”, indicó.
A diferencia de la política de respaldo nacional al policía Chocobar, Angulo indicó que hay un esfuerzo muy grande del Poder Judicial en esclarecer los hechos que involucran posibles abusos del personal policial. “Hay numerosas causas contra policías, que en algunos casos son absueltos y en otros, condenados. Esto hace al Estado de derecho, a la conformación de fuerzas de seguridad democráticas y al pleno respeto a los derechos humanos”, sostuvo.
El funcionario recalcó que “si no hay límites precisos, se dejaría prácticamente que la pena de muerte reine en la calle”. Señaló que su posición personal es de rechazo a la pena de muerte, y reiteró que la Provincia “apoya la prevención y el combate al delito”, pero que “eso jamás debe llevar a la vulneración del Estado de derecho y al incumplimiento de normas internacionales”.
Respecto del caso Chocobar, Angulo indicó que hay jurisprudencia de la Corte Suprema en una situación similar: “En el caso Castañeyra, la Corte condenó a 15 años de prisión a un policía federal porque estableció que el riesgo para el uniformado debe ser cierto, grave y actual. Teniendo en cuenta el peligro letal que representa el arma de fuego y la profesionalidad que debe tener quien usa esa arma de fuego para no provocar una muerte innecesaria”. Dadas las dudas sobre ese caso, Angulo reiteró que “siempre el esclarecimiento del accionar policial debe estar en manos de la Justicia”. Sobre los cambios que la gestión de Mauricio Macri está marcando respecto del accionar policial, Angulo indicó que la Nación es la encargada de marcar las políticas públicas, pero que en Córdoba ya rigen criterios y protocolos cuyo cumplimiento debe ser efectivo por parte de los policías.