¿Un problema legal o formativo?
El Gobierno nacional promoverá una reforma del Código Penal para excluir a los agentes de las fuerzas de seguridad de la figura de “legítima defensa”. La propuesta se asocia al controvertido “caso Chocobar”, policía que disparó por la espalda y mató al ladrón que había acuchillado a un turista estadounidense.
Un juez procesó a Chocobar por exceso de legítima defensa. El presidente Mauricio Macri recibió al policía y lo felicitó por su accionar. En la interpretación oficial, el agente defendió a la sociedad de un delincuente.
Ahora, la ministra Patricia Bullrich sostuvo que judicialmente el caso está mal encuadrado: no se debería hablar de legítima defensa cuando un policía dispara en cumplimiento de su deber de funcionario público.
Por lo tanto, lo que se propone es invertir la carga de la prueba. Hoy, cualquier policía involucrado en un enfrentamiento como este es inmediatamente detenido e investigado.
¿Invertir el mecanismo implicaría que siga en libertad y en funciones, mientras se investiga el accionar del delincuente herido o abatido?
Visto así, el anuncio tiene sus bemoles. Por un lado, ante una Justicia que en los últimos años ha tendido a privilegiar los derechos de los delincuentes, en parte por la extensión de una concepción ideológica que descarga sobre la sociedad toda responsabilidad por el accionar criminal de los individuos, el oficialismo ha optado claramente por otro camino. Las fuerzas de seguridad ahora cuentan con el respaldo político del Gobierno, que no duda en defender públicamente a los agentes involucrados y cuestionar a los jueces que supuestamente abusan del “garantismo”.
Por otro lado, el nuevo encuadre bien podría volver legales algunos excesos policiales, al flexibilizar el protocolo de actuación.
Lo primero es entendible, aunque sea discutible. En última instancia, quien pagará el costo político, si se equivoca al solidarizarse con quien no corresponde, es el propio Gobierno. Pero lo segundo es preocupante y debiera ser analizado en detalle.
¿Cuál es el mecanismo más adecuado para la represión de delincuentes sorprendidos in fraganti? ¿El disparo liso y llano, aun del que está huyendo, como se ve en el video del agente Chocobar? ¿El uso de un dispositivo electrónico, no letal, como propuso hace años Macri, cuando era jefe de Gobierno de Buenos Aires?
En otro sentido, ¿tienen los actuales integrantes de las fuerzas de seguridad la preparación y el entrenamiento suficientes para, en cuestión de segundos, en medio de un enfrentamiento, obrar del modo legalmente pautado en la actualidad?
Porque es probable que no estemos frente a un problema legal sino formativo. Internalizar una ley y un mecanismo de actuación para casos excepcionales no es algo simple. Menos aún si quien debe actuar en esas circunstancias siente que su vida corre peligro. Tal vez este debiera ser el punto de partida.