La causa judicial, a cuatro años del escándalo de CBI
En pocos días, está previsto que se eleve a juicio la primera mitad de la causa.
Involucra a los socios como miembros de la asociación ilícita y a Rodrigo como jefe.
Ya pasaron cuatro años desde que apareció el cadáver de Jorge Suau en el interior de su camioneta, con signos equívocos sobre la causa de su muerte.
El hallazgo hacía público el estallido de una debacle en uno de los motores de la actividad financiera clandestina del centro del país.
Cordubensis ( CBI) era la base de operaciones de lavado de activos y circulación de dinero negro y la muerte de su vicepresidente más la huida del país del número uno, Eduardo Rodrigo, venían a marcar el principio del fin de una formidable corrida, que desmoronó la empresa y las posiciones de ( casi) todos los que participaban de manera directa o indirecta de esas actividades, tan clandestinas como a la vista de todos.
Cuando se inició la investigación judicial, con una carta póstuma de Suau que ofició de “hoja de ruta”, parecía que caerían involucrados no pocos personajes influyentes de la escena política y económica de la provincia, con posibilidad de extender el brazo de la Justicia a personas y confines inimaginables.
Pero transcurridos cuatro años, con numerosos incidentes e idas y venidas, las expectativas iniciales se han visto por demás defraudadas. De aquel panorama de “peces gordos” a punto de ser pescados, sólo se llegó a la pescadilla que desde el primer día nadaba en la superficie y a la vista de todos.
En lo concreto, en los próximos días se elevará a juicio la primera mitad de la causa, con pocas sorpresas. Hay que reconocerle al juez federal N º 3 de la ciudad de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, que desde que tomó el expe- diente acertó con despiezarlo para ir avanzando sin tantas dilaciones.
Pero lo que ha hallado para dictar procesamientos no es muy significativo. En el curso del año pasado, utilizó el primer semestre para determinar la situación de los involucrados, en dos mitades. A fin de 2017, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó más del 80 por ciento de lo solicitado por el juez en su primera requisitoria. Aún queda pendiente que el tribunal de Alzada resuelva la otra mitad de la causa.
Lo que busca Vaca Narvaja con esta inminente elevación es evitar la prescripción del delito que el mes próximo cumple cuatro años y corre riesgo de dejar de ser perseguible: la intermediación financiera no autorizada.
En CBI se tomaba dinero y se lo prestaba, algo que en la Argentina no pueden hacer más que los bancos. Según el expediente, Rodrigo y sus socios – Aldo Hugo Ramírez, Julio César Ahumada, Daniel Arnoldo Tissera y Oscar Américo Altamirano– conformaron una asociación ilícita para incurrir en esta y otras actividades ilegales.
Rodrigo está señalado como el jefe u organizador de la asociación ilícita que conformó con sus socios y con Darío Onofre Ramonda, el empresario de la concesionaria Centro Motor que habría actuado como aportante de capital para el movimiento de dinero.
El conductor de este grupo soporta las peores acusaciones en este tramo del caso, como intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos agravada, evasión tributaria agravada, estafa y defraudación por intermediación indebida. Los otros, siempre dentro del grupo, reciben menos acusaciones.
A todos ellos, el juez les pedirá en pocos días el juicio, al igual que a otro grupo de personas con menor responsabilidad.
Sobreseídos de la asociación ilícita, Luis de los Santos, Miguel Vera, Jorge Osvaldo Castro, Paula Andrea Vettorello, Roberto Carlos Di Rienzo, Carina Andrea Moreno, Olga Beatriz Divina, Lucas Sebastián Bulchi, Diego Ariel Sarrafian y José María Núñez, ahora tienen su situación mucho más aliviada, pero deben responder en debate por otros delitos.
Después de lo que resolvió la Cámara, Vaca Narvaja continuó definiendo la situación de más imputados. Quienes fueron totalmente sobreseídos son Griselda Eugenia Leal, Carla Vanesa Leal, Romina Verónica Moreno y Hugo Marcelo Páez.
Además, hay dos personas a las que se les dictó la falta de mérito pero seguirán siendo investigadas: la escribana Doris Liliana Puccetti, que certificaba las firmas de los mutuos de Rodrigo, y el empresario de Centro Motor Darío José Ramonda, hijo del anterior y hoy a cargo de la concesionaria de la marca Toyota.
Más allá del mostrador
Por lo que se ve, a cuatro años del estallido que parecía ser el de una bomba de proporciones, sólo se ven involucrados en la maniobra delictiva quienes atendían el mostrador y los allegados a ese núcleo. Pero de quienes concurrieron a esa financiera y los dineros que hicieron pasar por ella, no se sabe nada.
La carta de Suau mencionaba a políticos de casi todo el arco parti-
dario, funcionarios en ejercicio, empresarios y decenas de hombres influyentes de la vida local y nacional.
El único de esos “poderosos” que se vio involucrado fue Euclides Bugliotti, titular del Grupo Dinosaurio y con fuerte incidencia en la política provincial desde hace décadas. Hoy, casi desligado de la causa, puede decirse que fue incluido con una foto de una fiesta sólo para apartar a quien estaba en esa instantánea, el juez federal Ricardo Bustos Fierro.
El Ministerio Público Fiscal se quedó sin posibilidad de apelar numerosas desvinculaciones, como la de Bugliotti, por un error en uno de los recursos, cuando el responsable de la investigación, el fiscal Enrique Senestrari, se fue de luna de miel. Gustavo Vidal Lascano recibió con pocas horas de plazo el expediente de 90 cuerpos ( más de 20 mil fojas) para estudiarlo y realizar el escrito.
Pero además de culpar a los socios por mover dinero negro, la causa no arroja mayores novedades ( concretas) sobre quiénes eran los que llevaban ese dinero, de dónde venía y hacia dónde iba.
La “ruta del dinero” en CBI sigue siendo una incógnita y el fiscal Senestrari parece no haberse preocupado por averiguarlo. Parecía una película de narcos lo que sucedía tres veces por días frente a la puerta de la gerencia del Banco Nación ( sucursal plaza San Martín), en el entrepiso donde tres valijeros cargaban mochilas repletas de billetes.
Tres veces por día, Luis de los Santos ( por CBI), Castro y Jorge Mellone ( dos personajes cuya filiación no está nada clara) llegaban con esos “recipientes” vacíos, los llenaban y salían caminando frente a la vista del gerente, según lo que se investigó. Eran los billetes que correspondían al depósito de cheques del día antes que hacían las empresas fantasmas Halabo y Jotemi.
Cualquier extracción extraordinaria por vía de excepción debe ser autorizada por las autoridades de un banco y esta carga de billetes se hacía en la antesala de la Gerencia, en el entrepiso de la sucursal. Allí se concretó el lavado más formidable que se haya conocido en Córdoba, con 718 millones de pesos en poco tiempo. Muchos de esos millones siguieron lavándose hasta mayo de 2014, cuando Senestrari llevaba tres meses investigando. ¿ A dónde llevaban los billetes esos tres valijeros?
Resulta llamativo que en cuatro años no se haya llegado a algo más concreto en lo que respecta al dinero que venía desde la obra social de empleados de comercio, Osecac, de Buenos Aires, cuando se trataba de cheques destinados a pagar a la prestadora Funpresame, con accionar en Cuyo.
El contador de Bugliotti, Fernando Guevara Amado, traía un tercio de esos pagos a Córdoba para monetizarlos. En un año, llegaron 52 millones de pesos, un monto muy considerable para una gerenciadora chica. Que haya llegado una parte de las prestaciones, puede responder a un “retorno”.
Trazabilidad de los cheques
Varias veces se insistió en que no se quisieron investigar los cheques que pasaron por CBI. Quedará pendiente – o para la posteridad– averiguar por qué pasaron valores de entidades públicas por la financiera clandestina: cheques millonarios del Pami o cheques de la obra pública.
El hallazgo de 290 mil dólares en una caja de seguridad a la que tenía acceso el exintendente de Villa María Eduardo Accastello ( luego diputado nacional y candidato a gobernador por el Frente para la Victoria) tampoco fue profundizado, y el fiscal pareció conformarse con las excusas de que se trataba de la herencia de un colaborador del dirigente. Los billetes tenían números correlativos y fueron impresos mucho después del fallecimiento del autor del “testamento”.
Accastello tenía cuatro cajas de seguridad en CBI, con capacidad de hasta 600 mil dólares, más una más grande en Bacar. Además de haber sido intendente de Villa María, este político era titular del Eninder, el organismo que administraba dineros de la obra pública. Al haber existido cheques de obra pública en CBI, debería haber despertado alguna pregunta a quien investiga.
Estos “desvíos” en la investigación jamás encontraron el rumbo como una forma de obtener mejores resultados de los que hoy se incluyen en los procesamientos y la elevación a juicio.
Aquella carta de Suau, cuyos resultados defraudaron todas las expectativas, sigue sin encontrar respuestas. Lo más llamativo es el carácter imperativo que el fallecido vicepresidente de CBI le imprimió al escrito que expresaba su última voluntad: encomendaba especialmente – con dirección precisa– ubicar el “Servidor 2” donde estaba toda la operación en negro de la gigantesca mesa de dinero.
Toda su descripción, con nombres, responsables, números, movimientos y una serie de detalles vitales para investigar se perdieron porque “se equivocaron” al allanar el lugar que Suau ubicó con precisiones.