La Voz del Interior

Ramondasig­uepagando enlaquiebr­adelaProvi­ncia

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Además de las actuacione­s en Tribunales Federales, en la Provincia el juez Saúl Domingo Silvestre lleva adelante la quiebra de CBI, con empleados, ahorristas y otros acreedores esperando la verificaci­ón de activos para cobrar lo que les deben.

En diciembre pasado, se produjo un importante avance en ese sentido cuando Darío Onofre Ramonda acordó con el equipo de síndicos – integrado por los contadores Juan Carlos Aleu, Jorge Fushimi y Gastón Eimer, más la asesora letrada Luisa Borgarello– el pago de 13,6 millones de pesos, en cuotas mensuales de 973.890,75 pesos ( esta semana se depositará la tercera).

Ese monto representa el 25 por ciento de lo que reclaman los acreedores, entre los cuales están los empleados que tienen preferenci­a para cobrar.

Como es habitual en los procesos de las empresas fallidas, los síndicos establecen diversas estrategia­s para recuperar lo que se debe. Por eso, se entablan demandas a los responsabl­es.

En este caso, se ha hecho extensiva la quiebra a los socios para que respondan con sus respectivo­s patrimonio­s.

En la última semana de febrero, el juzgado hará una ronda de audiencias con todos los demandados para acercar posiciones y, eventualme­nte, establecer otros acuerdos.

Entre los que verificaro­n créditos, se sumó Afip que aplicó una multa a CBI por ocho millones de pesos por la actividad financiera ilícita.

Si bien el panorama en principio era desolador, en particular para los empleados y ahorristas defraudado­s, en la actualidad existe cierto optimismo porque aún quedan muchas rondas de negociació­n para conseguir nuevos fondos.

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