Un cambio normativo necesario
Apartir de marzo, los usuarios de celulares ampliarán sus derechos. Será una forma de limitar los abusos de las compañías prestadoras, que siguen ocupando el primer lugar en los reclamos que registran las oficinas de defensa del consumidor en todo el país.
La nueva norma llega con retraso. Desde la década de 1990 no se revisaba la legislación vigente, pese a todos los cambios tecnológicos que hubo desde entonces.
Recién la actual administración, en 2016, abrió la posibilidad de que los usuarios, de manera digital, se expresaran sobre los lineamientos de un reglamento actualizado. Un año más, tarde, el Gobierno anunció que el nuevo marco normativo entraría en vigencia en marzo de 2018.
En el denominado servicio prepago, se registrará la mayor novedad. Hoy, las recargas vencen entre tres y 30 días después de efectuada la compra. Pero ahora el plazo mínimo será de 180 días. De todos modos, vencido ese plazo, el usuario no perderá el crédito que no haya utilizado.
Para dimensionar el cambio, vale tener presente que según estadísticas del Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom), unos ocho de cada 10 celulares en manos de los argentinos son prepagos.
En paralelo, las compañías deberán garantizar un servicio con un mínimo de calidad. Cuando este parámetro no se cumpla, el usuario tendrá derecho a una compensación. Por cierto, cada vez que la empresa deba resarcir al usuario, al monto implicado se le sumará el recargo por mora correspondiente.
Estas medidas apuntan a asegurar una reciprocidad en el trato que no existía hasta aquí. Por eso fue habitual en estos años que los usuarios se quejaran de los abusos que sufrían por parte de los prestadores.
No fueron pocos los que, después de fracasar en sus reclamos, optaron por cambiar de prestador. Pero a poco de andar descubrían que los problemas eran los mismos o similares. La lamentable conclusión compartida por miles de argentinos fue que el problema era sistémico: no es que los operadores se portaran de manera reprochable, sino que la normativa vigente permitía que las empresas actuasen sin preocuparse por los reclamos del usuario.
La nueva reglamentación pretende cambiar esta situación. Hasta las páginas de internet de las compañías deberán contar con un simulador de costos para que el usuario pueda calcular su factura antes de contratar un plan.
Si bien se mira, las modificaciones tienen una lógica tan elemental como el sentido común. Y definen, en conjunto, las normas básicas de un capitalismo inteligente y responsable: si toda empresa tiene una serie de obligaciones para con sus clientes, cualquier incumplimiento de su parte implica una sanción y una compensación.