Conductas que defraudan a la sociedad
Cuando una coalición electoral o partido político se presenta con aspiraciones de ocupar altos cargos ejecutivos elevando como bandera la honestidad y la transparencia, la sociedad le retribuye con ese crédito de confianza que se materializa en las urnas.
Por el contrario, si esa esperanza de cambio no se advierte en los hechos y las sospechas comienzan a merodear sobre conductas de dudosa honradez, la sociedad se siente defraudada en su buena fe.
La coalición gobernante Cambiemos, que llevó a Mauricio Macri a la presidencia del país en 2015, instaló como uno de sus ejes de campaña erradicar el contexto de corrupción que arrastraba la anterior administración y que hoy se traduce en una galería de exfuncionarios bajo proceso judicial, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández.
Aunque sin la dimensión de aquellos años de descomposición, el poder central se encuentra en una suerte de examen ante la ciudadanía por cuestiones vidriosas que se vienen encadenando desde hace tiempo y que, además de horadar la imagen presidencial, han obligado a tomar decisiones concluyentes.
Es por ello provechoso para la credibilidad del Gobierno y de las instituciones que Valentín Díaz Gilligan haya sido eyectado del cargo de subsecretario de la Presidencia, luego de que tomara estado público que ocultó un depósito de 1,2 millones de dólares en un paraíso fiscal y con ello eludió la obligación de pagar impuestos en la Argentina.
De corroborarse esa maniobra en la Justicia (ya fue confirmada por la Oficina Anticorrupción), la acción de Díaz Gilligan encuadraría en un delito que debe ser aclarado, más allá de su dimisión, forzada por los reclamos de los principales socios de Cambiemos.
La ética personal como antecedente y la probada honestidad en el transcurrir de la gestión son reglas esenciales e irrenunciables, que deben prevalecer como condición para integrar un determinado equipo de gobierno.
Por ello resulta caprichoso y hasta falaz que algunos dirigentes bajo sospecha de haber incurrido en ilegalidades de distinta índole salgan a argumentar con ligereza que se trata de situaciones ocurridas antes de ocupar un cargo público, como si ello los eximiera automáticamente de las responsabilidades éticas y punitivas frente a los tribunales.
No hay espacio para las avivadas ni el engaño frente a una sociedad madura que demanda rectitud y austeridad de sus representantes, y que anhela que de una vez se cumpla con la promesa de combatir y extirpar las prácticas corruptas.
Sería un ejemplo de calidad, sobre todo para los sectores sociales vulnerables que viven horas de incertidumbre por un proceso de cambios que en muchos casos no les es generoso para atender sus necesidades básicas cotidianas.