Cuadros retirados, músicos presos: ¿hay censura política en España?
Se desató un fuerte debate que oscila entre la libertad de expresión y la intolerancia. Los afectados denuncian la aparición de un clima de persecución hacia las expresiones culturales.
MADRID. Una obra de arte retirada por su polémico contenido político, un libro secuestrado por presuntas calumnias a un alcalde y un rapero enviado a prisión por sus insultos a la corona. La coincidencia de tres noticias similares en dos días reabrió un debate en España: ¿tiene el país un problema de censura?
Así lo denunciaron diversos artistas, políticos y asociaciones después de que el Tribunal Supremo español confirmó el martes la condena a tres años y medio de prisión al rapero Miquel Arenas, mejor conocido como Valtonyc, por enaltecimiento de terrorismo, injurias graves a la corona y amenazas a políticos en sus canciones.
Un grupo de 200 artistas firmó un comunicado de apoyo al músico en el que alertaba de una “intención intimidatoria por parte del Estado”, mientras que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) habló de “algo parecido a la Inquisición” en pleno siglo 21.
También fuerzas de izquierda arremetieron contra el gobierno del conservador Mariano Rajoy. A su Partido Popular “le huelen los pies a franquismo”, ironizó el eurodiputado Miguel Urbán, de Podemos. Su par Marina Albiol, de Izquierda Unida, fue más allá y pidió formalmente una sanción de la Unión Europea (UE) a España.
Valtonyc, un rapero hasta entonces poco conocido que difundía sus canciones por internet, fue condenado por letras que incluían mensajes de apoyo al grupo armado vasco ETA, insultos a la monarquía y al rey Felipe VI o amenazas a políticos.
“El rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley”, señalaba una canción citada por el Supremo. Otra decía: “Matando a Carrero, ETA estuvo genial, a la mierda la palabra, viva el amonal”. El almirante Luis Carrero Blanco fue asesinado en 1973 cuando presidía el gobierno franquista.
El Ejecutivo de Rajoy defendió la condena, que implicará el ingreso efectivo del rapero a prisión. “Los delitos de odio deben perseguirse. Contra los extremismos y la intolerancia hay que luchar”, sostuvo el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Pero mientras el ministro hablaba en los pasillos del Congreso, la polémica crecía en la feria de arte contemporáneo Arco en Madrid, que retiró hoy una obra que trataba como “presos políticos” a líderes catalanes que se encuentran en prisión preventiva, por estar investigados por el proceso independentista en la región.
Santiago Sierra, autor de la obra retirada, lamentó la decisión en su perfil de Facebook, pero añadió: “Creemos que actos de este tipo dan sentido y razón a una pieza como esta, que precisamente denunciaba el clima de persecución que estamos sufriendo los trabajadores culturales en los últimos tiempos”.
Tampoco la literatura escapó a la controversia. La Justicia ordenó hoy retirar Fariña, un best seller del periodista Nacho Carretero sobre el narcotráfico en Galicia, después de que un exalcalde local pidió medidas cautelares por contenido “calumnioso”. La obra pasó al primer puesto de las más vendidas en el portal Amazon de España.
La sucesión de actuaciones contra manifestaciones en principio artísticas reabrió un debate que, sin embargo, no es nuevo.
Varios tuiteros, raperos e incluso un grupo de titiriteros fueron procesados y sancionados desde 2015, cuando entraron en vigor una polémica reforma del Código Penal y una nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente entre sus críticos como “ley mordaza” por los límites que impone.
“Hemos constatado que España no escapa a la tendencia global de restringir la libertad para expresarse y manifestarse”, explicó Beatriz Perales, responsable de la sección española de Amnistía Internacional (AI). “Protestar, incluso a través de las redes sociales, es cada vez más difícil”.
Perales recordó el mediático caso de Cassandra Vera, una joven estudiante de Historia condenada el año pasado a un año de prisión por burlarse en Twitter, entre otras cosas, del asesinato de Carrero Blanco por ETA.