Por qué cambió de fuero una causa clave
Por número de miembros, distribución de tareas y laboratorios, el caso no puede abordarse en el fuero provincial. Debido a todo esto, la Cámara de Acusación resolvió enviar el expediente a la Justicia federal.
La causa de la “clínica de la marihuana” fue enviada a la Justicia federal, porque el fuero provincial no puede abordarla por el número de miembros, y por la distribución de tareas, laboratorios y clínicas. Así lo explicó la Cámara de Acusación que remitió el expediente.
Luego de casi seis meses de disputa respecto de la jurisdicción que debía entender en la causa de la “clínica de la marihuana”, la semana que pasó la Cámara de Acusación provincial resolvió el entredicho entre el fiscal Móvil Antinarcotráfico Raúl Ramírez y el juez de Control de Carlos Paz Daniel Strassorier, y envió el expediente a la Justicia federal.
El destino del caso es crucial para los ocho detenidos (algunos con libertad domiciliaria) que aguardan con prisión preventiva el avance de la instrucción a nueve personas (hay una prófuga) por “comercialización de estupefacientes” y “confabulación para la comercialización de estupefacientes”.
Los nueve imputados en la causa son Carlos Fernando Laje Vallejo (director de la clínica), Paola Toranzo, Toribio Aragón, Jorge Augusto Asís, María Paula Culaciati, Héctor Walter Mariño, Fernando Moroni, Fernanda Daniela Moyano y Gimena Ruz.
Mientras la última está prófuga desde agosto, los otros ocho tienen decreto de prisión preventiva, pero hay dos mujeres que están en su domicilio: Toranzo, por razones de salud, y Moyano, por ser mamá de un niño menor.
Seis abogados se reparten las defensas de los ocho detenidos: Benjamín Sonzini Astudillo y Facundo Amoedo asisten a Laje y a Mariño; Nadia Podsiadlo defiende a Culaciati, Moyano y Moroni; Toranzo es patrocinada por José D’Antona; Aragón es representado por Carlos González Quintana; y Asís cuenta con la defensa de Claudio Orosz.
Por unanimidad
El tribunal de alzada provincial –integrado por Maximiliano Davies, Patricia Farías y Carlos Salazar– resolvió por unanimidad con el voto del primero.
Davies entiende que la “clínica” es una organización con una “estructura comercial de importancia” y que eso no encuadra en los delitos contemplados en la ley provincial de narcomenudeo.
Y fundamenta el vocal de acusación: “La puesta en el mercado a disposición del consumidor de la mercadería producida está impregnada en todas las etapas de la cadena comercial de cualquier empresa ilegal dedicada al desarrollo de esta actividad, no siendo este, por ello, un elemento que automáticamente y per se justifique la competencia provincial”.
“Nos encontramos ante una organización que en sí misma conformaba una estructura comercial de importancia, en donde las tareas y actividades de sus miembros se encontraban diagramadas y preestablecidas, con proveedores que se encargaban de abastecer de materia prima a los miembros encargados de la elaboración de productos”, describe .
Y más adelante completa: “Estos productos, una vez elaborados en los ‘laboratorios’, eran entregados a distintos miembros de la organización para su venta y/o distribución o a terceros encargados de dirigir o administrar las llamadas clínicas, ubicadas en esta y otras provincias, para que a su vez estos comerciaran con ellos destinándolos a la venta final al consumidor”.
Luego, Davies señala que la descripción anterior “excede sin dudas el comercio de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor”.
Finalmente, el voto, que termina apoyado en un todo por Farías y Salazar, sostiene que tampoco es posible escindir la investigación en partes entre el fuero federal y el provincial, porque la organización habría desarrollado una diversidad de conductas de comercio de estupefacientes, tanto de venta directa al consumidor como de venta indirecta a través de terceros, bocas de expendio de un producto elaborado por algunos de los miembros, y todo esto en diferentes provincias.
Por todo ello, la Cámara de Acusación no hizo lugar a la apelación de Ramírez y confirmó el auto de Strassorier para que las actuaciones continúen en el fuero federal.
SE TRATA DE UNA ORGANIZACIÓN CON UNA ESTRUCTURA COMERCIAL DE IMPORTANCIA. Maximiliano Davies, miembro de la Cámara de Acusación