Historia argentina contemporánea, de complicada a compleja
Argentina es, por naturaleza, un país complicado. Lo es en su historia, en su entramado social, en su clase dirigente, en su economía eternamente dependiente de la exportación de los productos del agro y, como si fuera poco, en una endémica estructura institucional pública y privada signada por la corrupción como modalidad de comportamiento habitual.
Tiene grandes ventajas: su gran extensión de tierras cultivables, variedad de climas, buen régimen de lluvias, una población reducida –en términos comparativos en relación con la superficie total del país– y ausencia de problemas de tipo racial y religioso. Entonces, ¿dónde está el problema que parece impedir un despegue definitivo? Nuestro país, históricamente complicado, ha pasado a ser complejo.
Es decir, del estado de complicación, que no es otra cosa que un estado temporal con posibilidades ciertas de concluir según las políticas que desde el Estado se emprendan, ha pasado a un estado de complejidad en su entramado social, que más se corresponde con un estado estructural que coyuntural. Hemos pasado a ser un país complejo.
Si bien no existe ningún país sin diferencias de clases sociales, el nuestro tiene todas las posibilidades de pretender una reducción en esas diferencias sociales mediante: a) el fortalecimiento de una burguesía nacional en alianza legítima y duradera con los sectores del trabajo, a los efectos de lograr una movilidad social ascendente que reduzca esas diferencias sociales que, hoy por hoy, parecen ahondarse, dibujando así una estructura social compleja; y b) el acceso de todos los niveles sociales a una educación pública de calidad, que garantice igualdad de posibilidades al mercado laboral.
Pero no, hemos elegido ser un país complejo. Y lo arruinamos desde 1983 hasta la fecha. Veamos por qué.
Para que un país sea previsible, es necesario que el poder político brinde su apoyo a las instituciones del Estado, porque está al frente de la administración de la estructura estatal.
Es un contrasentido que el poder político de turno desprecie a alguna de las instituciones del Estado. Pero eso ocurrió desde el regreso de la democracia, en 1983, fundamentalmente en los 12 años del kirchnerismo, cuando se demonizó el accionar militar y policial durante la década de 1970 más allá de toda razonabilidad histórica.
Caímos, entonces, en un período de la historia reciente que deberá ser estudiado como el que menos recursos y apoyo brindó a quienes tienen a cargo la defensa territorial de la Nación y la seguridad de la población. Las instituciones de seguridad son parte indispensable del conjunto de políticas públicas y tienen, de manera irrenunciable, el monopolio de la fuerza.
Si hoy el delito está extendido de tal manera es porque, en su momento, los organismos de seguridad no tuvieron los recursos suficientes para impedir que así fuera. Convencidos de que la pobreza genera delincuencia (en realidad, la delincuencia es generada por la marginalidad, no por la pobreza), las doctrinas que adhieren al garantismo penal proponen un derecho penal mínimo y ven al delincuente como un sujeto al que la injusticia social ha compelido (cayendo en un reduccionismo propio de determinismos de otras épocas) a la inevitable comisión del acto delictuoso.
En realidad, el delincuente hace uso de su capacidad volitiva libre y opta por delinquir porque es marginal, no porque es pobre (millones de pobres no delinquen en nuestro país).
Nuestra historia contemporánea se está escribiendo con muertos en las calles, y ese será el signo de nuestra época. Hemos construido una sociedad compleja en la que seguridad y orden son, lamentablemente, malos términos.
PARA QUE UN PAÍS SEA PREVISIBLE, ES NECESARIO QUE EL PODER POLÍTICO BRINDE SU APOYO A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO.
LAS DOCTRINAS QUE ADHIEREN AL GARANTISMO PENAL PROPONEN UN DERECHO PENAL MÍNIMO.
* Profesor de Historia