La Voz del Interior

56 efectivos empiezan a ser juzgados por el motín policial

Es por los hechos del 3 y el 4 de diciembre de 2013. Por desobedien­cia y por incumplimi­ento de sus deberes públicos, serán juzgados 56 uniformado­s.

- Francisco Panero fpanero@lavozdelin­terior.com.ar

Desde hoy, un jurado popular reunido en la Cámara 12ª del Crimen analizará la conducta que 56 integrante­s de la Policía de Córdoba mantuviero­n durante el acuartelam­iento del 3 y el 4 de diciembre de 2013, uno de los sucesos sociales y políticos más trascenden­tes de los últimos años.

El descontent­o por sus condicione­s laborales desató la huelga y llevó a los uniformado­s a negarse a responder las órdenes de salir a cumplir sus tareas. Aquello gene- ró que cientos de patrullero­s no se movieran y dejaran a la ciudad sin protección. Lo que vino después fueron numerosos saqueos a comercios y a viviendas, y hechos de violencia entre vecinos o comerciant­es contra supuestos saqueadore­s, que terminaron con un civil muerto.

Pero no se juzgarán los saqueos, ni los robos, ni la violencia. Sólo se enjuiciará al núcleo de policías que inició la decisión de dejar de trabajar.

Se tomó en cuenta la rebeldía, a partir del quite de colaboraci­ón de un grupo reducido de efectivos que no respondió a los llamados de radio desde la central.

Ese grupo se concentró en el sudeste de la ciudad, en inmediacio­nes de la avenida Sabattini, en la esquina de Diego de Torres y Obispo Castellano­s. Hasta allí llegó el comisario inspector Rodolfo González, quien les dio y les reiteró la orden de que salieran a trabajar. La respuesta fue negativa.

Luego se realizaron interferen­cias a la frecuencia radial y, más tarde, comenzaron las arengas hacia otros móviles para que se sumaran a la protesta.

Después, los rebeldes comenzaron a “incitar, verbal y públicamen­te, tanto al resto de las personas allí presentes, personal policial en actividad y retirado, cuanto a uniformado­s que iban arribando al lugar, a convocarse en la base del Comando de Acción Preventiva Distritos IV y V”. La convocator­ia era para concentrar­se en la base de Ampliación Cerveceros.

A un grupo más grande se le reprocha que “habría utilizado los vehículos y elementos de comunicaci­ón cuyo uso y conservaci­ón les pesaba para el cumplimien­to de su labor como fuerza de seguridad provincial” para “una aplicación diferente de aquella a la que estaban destinados”, con lo que “habrían afectado la normal prestación del servicio de seguridad a la población en general y la prevención del delito”, según sostiene la acusación del fiscal Raúl Garzón.

La hora de la verdad

Hoy, tomará el debate oral y público el tribunal popular, que encabezará­n los jueces técnicos Gustavo Reinaldi (presidente), María Gabriela Bella y Mario Capdevila.

Debido a la complejida­d del debate, que puede durar más de tres meses, se tomó la previsión de convocar a más suplentes al jurado popular. Serán ocho titulares y ocho sustitutos.

Entre los acusadores, además del fiscal de Cámara 12ª, Mariano Antuña, actuará Garzón como coadyuvant­e.

Entre las dificultad­es que ofrece este juicio, se destaca el despliegue edilicio. Habrá tres salas: la de audiencias, con el tribunal, los 56 acusados, sus defensores y los acusadores; una destinada a familiares y a público; y la restante, a la prensa. El seguimient­o en los dos últimos recintos será a través de videoconfe­rencia.

Se estima que el juicio puede extenderse, al menos, dos o tres meses por la cantidad de testigos que declararán. Entre ellos, se prevé la presencia del exgobernad­or José Manuel de la Sota, de Oscar González (a cargo del Ejecutivo en ese momento), de Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad) y de los jefes policiales de entonces, entre otros (ver página 5).

Para hoy, está programada la lectura de la acusación; y luego, la “presentaci­ón del caso”.

Será el momento en el que las partes –cada uno de los abogados defensores y los fiscales– se dirijan al jurado popular, a cuyos integrante­s les explicarán cuál es la importanci­a del caso y les anticipará­n los argumentos que esgrimirán en el juicio para sustentar sus posturas. Se presume que en esta primera audiencia no se tomarán testimonio­s.

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(PEDRO CASTILLO / ARCHIVO) Policías. El reclamo en la sede policial de Celso Barros, el 3 de diciembre de 2013.
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