Los policías del motín dicen que cumplieron órdenes
Los acusados sostienen que el comisario González los convocó al playón del CAP. Aseguran que, luego, ningún superior les dio una directiva para reintegrarse a patrullar las calles.
El discurso de los policías que empezaron a declarar ayer en la segunda audiencia por el alzamiento de diciembre de 2013 fue monocorde y reiterado: desmintieron que el comisario inspector Rodolfo González les haya ordenado ir a trabajar y, por el contrario, aseguraron que este les dijo que fueran hacia la base del CAP en barrio Cerveceros.
Para más, indican luego que cuando se trasladaron a Cerveceros no recibieron ninguna orden en contrario de algún superior.
De este modo, los 56 policías enjuiciados por la protesta que dejó sin patrullaje las calles de la ciudad de Córdoba durante casi 48 horas, justifican su adhesión a la protesta laboral.
Esta audiencia se prolongó durante más de seis horas y pudo avanzar con la declaración de ocho imputados que, mediante una planilla preparada por la Cámara 12ª del Crimen, agilizaron el trámite de brindar sus datos personales, lectura mediante.
El debate sigue arduo por los entredichos entre algunos defensores y los acusadores, particularmente entre el abogado Miguel Ortiz Pellegrini y el instructor Raúl Garzón. El duelo reproduce lo ocurrido durante la instrucción: el primero era vocero de los rebeldes y el fiscal era quien imputaba y detenía uniformados.
De los ocho imputados que declararon ayer, siete son defendidos por este letrado. La estrategia en todos se vislumbra como la misma. Además de desmentir que González los haya intimado dos veces a reincorporarse al trabajo, quienes están declarando aseguran que el 5 de diciembre –cuando habían vuelto a las calles– les hicieron firmar con fecha 3 de diciembre una intimación para reincorporarse a sus funciones.
Siguiendo con lo que señalan los imputados espontáneamente y frente a las preguntas, también discuten que el sistema de localización satelital de los vehículos (AVL) no funcionaba correctamente. Esto es clave frente a la imputación que hizo Garzón para ubicar a los móviles y sus ocupantes en la manifestación.
En las próximas horas podría incorporarse a la prueba un informe que habla respecto del estado de esa tecnología en las patrullas.
Para ir rebatiendo cada una de las cuatro acusaciones –instigación a cometer delitos, desobediencia a la autoridad, violación de los deberes de funcionario público y uso indebido de caudales públicos– la defensa realiza preguntas puntuales a cada uno de los imputados, como “¿usted instigó a cometer delitos?”. Ante la negativa, se le pide que reconozca entre los otros 55 acusados a quien hubiera instigado. Obviamente, sigue otro “no”.
También se oye la pregunta casi retórica: “¿Entre los que arengaban, los ve aquí en la sala?”.
Sobre el uso indebido de las patrullas, los uniformados señalan que no pudieron sacarlas a la calle por la concentración de vehículos que se los impedía.
La versión luce casi sin fisuras y difícilmente en este tramo –cuando declaran los acusados– encuentre algo que la desestructure.
“Nadie está obligado a declarar en su contra”, es lo que se dice siempre de los imputados en contraposición a los testigos que deben decir la verdad.
Por eso, hay que recordar que todo lo que se está escuchando en estas jornadas se comparará con lo que declaren los testigos, para confirmar o refutar esta versión de los hechos. En otros términos, si la acusación se confirma, o no.